Presencia Politica en el Juicio del Default – A las 14 arranca un encuentro clave contra los fondos buitre. Expectativa en Wall Street. «All rise» se escuchará de pie. «Todos de pie» (en español). Hoy a las 14, todos los presentes que ingresen a la sala 1705 de la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberán ponerse de pie en señal de respeto a los tres jueces que decidirán cómo y cuando la Argentina debe pagarle a los fondos buitre.
El vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quienes viajaron especialmente de Buenos Aires para seguir la audiencia, obedecerían la tradicional orden como el resto del público en caso de estar allí sentados. El pronóstico ayer era que en la sala habrá más gente que asientos. La audiencia despertó gran interés porque, según todos los especialistas, el caso conocido jurídicamente como NML vs. Argentina sentará precedentes. ¿Por que?
Lo que está en juego son dos puntos muy precisos del fallo en que el juez Thomas Griesa ordenó a la Argentina pagarle a los fondos buitres US$ 1.330 millones al mismo tiempo que les paga a los tenedores de bonos reestructurados. Los tres jueces que presidirán hoy la audiencia (los republicanos Daniels Barrington Parker -nombrado por Ronald Reagan- y Reena Raggi -designada por George Bush- y la demócrata Rosemary Pooler -nombrada por Bill Clinton y amiga de Hillary-) ratificaron el fallo de Griesa el 26 de octubre pasado, pero pidieron aclaraciones sobre cómo se abonará y cuál será el efecto sobre los agentes de pago, como el Banco de Nueva York (BoNY, según su sigla en inglés), si la Argentina se niega a pagar.
Todos los analistas consultados ayer por Clarín en Wall Street creen que durante la audiencia los jueces harán más preguntas sobre el segundo punto. Sin embargo, el abogado defensor de la Argentina intentará que sea al revés.
El fallo de Griesa dice que si la Argentina no paga a los fondos buitre, los agentes de pago, como el BoNY, no le pueden pagar a los tenedores de bonos reestructurados, y si lo hacen serán sancionados por desacato. «Eso coloca al BoNY en una situación imposible», explicó a Clarín Alberto Bernal, de Bulltick. «Si les paga a los tenedores de bonos reestructurados sin que la Argentina haga lo mismo tiempo con los holdouts, será desacato. Pero si no les paga, el BoNY también puede ser sancionado porque será acusado de violar el contrato que tiene con ellos y con la Argentina, que le obliga a realizar el pago».
«Es difícil pensar que la Corte de Apelaciones no hará nada con respecto al BoNY» dijo por su parte a Clarín Anna Gelpern, una ex funcionaria del Tesoro que trabajó en el estudio de abogados que defiende a la Argentina (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) y que ahora enseña en la American University.
Lorenzino trabajó ayer con el abogado del país, Jonathan Blackman. También viajó el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino (ver recuadro). Los abogados de la Argentina pondrán el acento en revertir el fallo de Griesa porque atenta contra el tratamiento igualitario entre acreedores, ya que exige un pago del 100% a los holdouts mientras que los bonistas cobraron menos del 30%. Argumentarán que la Argentina está dispuesta a levantar la ley cerrojo y a reabrir el canje en las mismas condiciones del 2010. También dirán que el dictamen viola el Acta Internacional de Inmunidad Soberana y desalienta nuevas reestructuraciones de deudas soberanas.
La Corte de Apelaciones rebatió estos argumentos en octubre último. Nadie sabe cuál será la reacción de los jueces cuando la Argentina insista sobre ellos.
«Pensamos que habrá un fallo dividido » aventura el abogado Henry Weisburg, del estudio Shearman & Sterling. «Mientras la Argentina seguirá siendo objeto de la orden judicial, o sea, según Griesa deberá pagarles a los holoduts al mismo tiempo que le paga a los tenedores de bonos reestructurados, la presión sobre el BoNY caerá».