Caso Candilejas – La decisión fue tomada por el juez federal Nº1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, el pasado 28 de diciembre, pero recién ahora pudo ser confirmada debido al inicio de la feria judicial de verano. La Justicia Federal de Santa Fe dio un paso importante hacia el esclarecimiento del denominado caso Candilejas, al disponer el procesamiento y la prisión preventiva de Jorge Rinaudo, Mabel De la Fuente y Favio Ávalos, todos acusados del delito de trata de personas. Otras dos personas detenidas en esta causa, Claudia Heis y Daniel Pérez, recuperaron la libertad.
La decisión fue tomada por el juez federal Nº1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, el pasado 28 de diciembre, pero recién ahora pudo ser confirmada debido al inicio de la feria judicial de verano.
Tal como publicó RD, la investigación en San Jorge esta relacionada con una pesquisa mayor que abarca numerosas wiskerias del interior provincial. Tras los primeros procedimientos realizados en Rafaela, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió el allanamiento y la clausura del club nocturno Candilejas, el Motel 101 y un departamento céntrico (calle San Juan al 1300) donde eran alojadas las mujeres reclutadas por el fallecido Eduardo De la Fuente.
De acuerdo a la acusación fiscal, Eduardo De la Fuente era el objetivo principal de la investigación judicial, ya que se lo consideraba el propietario real de Candilejas y del Motel 101. En base a testimonios, la fiscalía logró establecer que «el Cordobés» concurría diariamente a estos establecimientos para retirar la recaudación, pero para no ser visto entraba por una puerta trasera.
El procesamiento
En la resolución firmada por el juez federal Nº1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, el 28 de diciembre de 2012, se dispuso el procesamiento de Jorge Rinaudo, Mabel De la Fuente y Favio Ávalos, por el delito de trata de personas. El magistrado les endilga haber captado, acogido y receptado a las victimas (mujeres) mayores de edad, quienes revestían una situación de vulnerabilidad económica y social, además de encontrarse «aleccionadas» por los tratantes, quienes le retenían la documentación personal.
El juez Rodríguez explicó que los tratantes aplicaban una fuerte influencia psicológica sobre las mujeres, destacando que las proveían de comida, les manejaban el dinero y las aleccionaban que trabajen más. Además, debido a la lejanía con sus lugares de origen, el magistrado valoró que fueron un «blanco fácil» para los autores de los hechos.
Este control emocional que los tratantes ejercían sobre las mujeres fue analizado a fondo por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación, y será una pieza probatoria importante en la etapa del futuro juicio oral.
En el caso particular de Mabel De la Fuente, la resolución judicial le otorga un rol relevante en la operatoria delictiva realizada en San Jorge, considerándola como la encargada y «cajera» de Candilejas, como la persona que tomada las entrevistas a las mujeres que pretendían «trabajar» en el club nocturno, y como la responsable de alquilar a nombre de las víctimas el lugar donde estas se alojaban, en calle San Juan al 1300.
El Cordobés
En el trámite judicial ya se encuentra incorporada el acta del accidente del 26 de diciembre, donde Eduardo De la Fuente pierde la vida cuando conducía un Renault Megane II dominio GVZ 888 que impactó de frente con un camión acoplado. El hecho está calificado como homicidio culposo en accidente de transito y el certificado de defunción indica como causa «muerte violenta».
Por esta razón, en la causa de trata de persona, resta el paso formal de decretar el sobreseimiento de Eduardo De la Fuente.
De todos modos, una calificada fuente judicial le dijo a RD que la investigación sigue su curso a partir del análisis de las escuchas telefónicas realizadas, lo que podría dar lugar a nuevas pistas sobre el caso.
En este sentido, la producción de nuevas pruebas será fundamental para el futuro juicio oral, que según evalúan en ámbitos judiciales, será uno de los más importantes en la región sobre trata de personas. Por ello, en la fiscalía federal no pasó desapercibida la aparición en la causa del abogado Guillermo Morales, hijo de uno de los militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Su padre, el capitán del Ejercito Domingo Morales integró el tenebroso Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe durante la etapa más feroz de la represión ilegal, y gracias al oficio y los contactos de su vástago, logró detener el avance de los procesos en su contra por secuestros, torturas y homicidios.
Fuente: www.infosastre.com.ar – Edición: www.eltreboldigital.com.ar
