– El Gobierno de Antonio Bonfatti envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2014, que prevé recursos totales estimados en $ 53.892 millones y gastos por cerca de $ 53.609 millones. El Gobierno de Antonio Bonfatti envió ayer a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2014, que prevé recursos totales estimados en $ 53.892 millones y gastos por cerca de $ 53.609 millones, lo que determinará un superávit financiero de $ 282.459.000. Pero, además, el plan contempla un fuerte retoque impositivo que impactará fundamentalmente en el Impuesto Inmobiliario Rural, que sufrirá un aumento promedio del 25%, y en el inmobiliario Urbano, a pesar de que el propio gobernador, quince días antes de las elecciones, había asegurado que no habría el próximo año nuevos aumentos de impuestos.
El ministro de Economía, Ángel Sciara, explicó que las modificaciones tributarias se explican «por la necesidad de armonizar y actualizar tributos como el Inmobiliario Rural, cuya última redifinición data de 1993».
De acuerdo con el plan, el Inmobiliario Urbano pasará de 45 pesos a 120 pesos anuales, y el mínimo rural de 144 a 250 pesos anuales, mientras el resto va a tener un 25 por ciento de aumento. Además, se prevén incrementos de este último impuesto en las categorías de la 1 a la 5 (22%), y de la 5 en adelante (28%).
«Esta adecuación apunta a actualizar y armonizar los valores incluso con los que tienen las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos», argumentó Sciara.
La decisión del Gobierno de Santa Fe de aumentar el impuesto al sector del campo ya generó el rechazo de las entidades rurales, que prometen batallar contra esa idea. La Sociedad Rural de Rosario ya había anticipado su malestar hace unos meses a través de un comunicado: «En 2012 Bonfatti impulsó un discriminatorio y regresivo aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, con valores que para algunos productores superó el 400%, urgido por la necesidad de cubrir el abrupto déficit fiscal generado por la gestión socialista», sostuvo la entidad.
En tanto, el impuesto a los Sellos también sufrirá una modificación, pasando de 0,10 centavo a 0,20 centavo.
Otra de las incorporaciones tiene que ver con la implementación del Instituto de la Mera compra: «Esto no implica aumento de tributos, sino redistribución de los Ingresos Brutos que tributan las empresas de otras jurisdicciones que compran productos de origen agropecuario en Santa Fe», explicó Sciara, quien añadió que esto implica asignar base imponible a Santa Fe (sobre la base del convenio multilateral, organismo que discute la distribución de las cargas impositivas)».
Otro aspecto que el proyecto busca armonizar es la alícuota de Ingresos Brutos para el siste-ma financiero (llevándola del 6% al 7,5 por ciento) y para la telefonía celular (del 6% al 7 por ciento), en sintonía con la que registran las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
Finalmente, el proyecto prevé insistir con un Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, para que las pequeñas y microempresas eviten hacer declaración jurada, reemplazándolo por el pago de una cuota mensual.
La ley de leyes remitida a la Legislatura contempla un fuerte aporte al nuevo Código Procesal Penal en el orden de los $ 88 millones, y un 46 por ciento destinado al área de Salud.
«El Presupuesto para el año 2014 tendrá como prioridad el área social, que se ve reflejada en la mayor participación sobre el total del gasto de la administración central en Educación (35,39%), Seguridad (12,19%) y Salud (11,08%)», destacó el ministro durante una conferencia de prensa que compartió junto al secretario de Ingresos Brutos, Sergio Beccari y el subsecretario de Hacienda, Pablo Gorban, además de la totalidad de los miembros del gabinete económico.
Con respecto a las pautas macroeconómicas que se tuvieron en cuenta parra elaborar el proyecto, se consideró un crecimiento de la actividad económica del orden del 4,4%, un incremento en el nivel de precios implícitos en el Producto Bruto Nacional del orden del 16% y un tipo de cambio de $ 6,33 por dólar estadounidense.
Por otro lado, a los fines de contar con los instrumentos que establece la Ley de Administración Financiera, el proyecto incluye, entre otros, la solicitud de un permiso para emitir Letras (por $ 400 millones), pagarés o medios sucedáneos de pago, por un plazo no mayor a 365 días; y la autorización para concretar operaciones de Crédito Público por hasta la suma de 1.500 millones para proyectos de inversión pública en obras de infraestructura básica (de saneamiento, viales y acueductos. Adicionalmente, se contempla la reconstitución del Fondo Anticíclico por $ 250.000.000.
