Días atrás, se aprobó en el Concejo Municipal el proyecto de ordenanza “Banco de tierras”, presentado por el Ejecutivo local.
Tras la decisión de los ediles, el intendente Fernando Almada expresó: “Llevó su tiempo. Más de lo que nosotros estimábamos, pero los tiempos legislativos son así. Siempre estamos abiertos al debate y al aporte, cuando las ideas son constructivas y justamente apuntan a mejorar los proyectos. La semana pasada, hemos recibido la comunicación formal, que es el envío desde el Concejo Municipal de la ordenanza sancionada y ya estamos trabajando en lo que es la reglamentación”.
En continuado, agregó: “Esta ordenanza, para su implementación, requiere, en primer lugar, la conformación del equipo intramunicipal, que va a tener también dos representantes del Concejo. El determinar quiénes son, le corresponderá al Concejo. Seguramente, en el transcurso de esta semana, tendremos terminada la reglamentación, como para empezar a trabajar en la cuestión”.
Plazos
“Más allá de interpretar y entender las ansiedades de mucha gente y las urgencias, esto va a llevar un poquito de tiempo más, ya que una vez conformado el equipo intramunicipal y establecidas la reglamentación y las formas de trabajo, hay que establecer cuáles van a ser los primeros terrenos que se van a ir poniendo a disposición de la gente y de qué modo, efectuar tasaciones, valoraciones económicas, formas y métodos de pago. Es decir, hay todo un procedimiento, si se quiere administrativo o funcional, que necesariamente teníamos que esperar a que la ordenanza estuviese aprobada para resolverlo”, explicó el intendente.
“Nuestra intención de ahora en más es avanzar lo más rápidamente posible como para ya poder empezar con una primera etapa de este programa, que entendemos va a brindar un beneficio a muchas familias de nuestra ciudad”, acotó.
¿Cómo se hará la adjudicación?
“Hay una serie de requisitos, que los vamos a estar informando y que se tienen que cumplir. Obviamente hay algunas cuestiones básicas: Familias o núcleos familiares constituidos, que no tengan otras propiedades inmobiliarias. Esto estará destinado para la construcción de la vivienda propia, vivienda familiar. Va a tener un requisito de imposibilidad de posterior especulación o negociación con lo que puede ser el terreno para una futura venta. Lo que técnicamente se llama ‘Cláusula de retroventa’, que por 15 años, una vez cancelado el costo, no se va a poder utilizar”, respondió Fernando.
“Lógicamente habrá también una reglamentación, que, dadas las circunstancias actuales y en general con los momentos que nos tocan vivir, tendrá cierta flexibilidad, pero como los terrenos son destinados para la construcción de la vivienda familiar, habrá un tiempo en el cual se irá haciendo un relevamiento para que efectivamente eso se cumpla y no que el terreno se destine para otro fin o quede sin cumplimentar el fin original”, ahondó.
“Además, gente con residencia en la localidad comprobada, de no menos de cinco años, que es un requisito un poco más alto que los que en general se ponen para los programas de viviendas sociales que provienen, tanto de Nación como de Provincia, que son de dos años. Es decir, se le está dando una preferencia importante a la gente que es nativa de la ciudad o bien tiene radicación desde hace mucho tiempo”, se explayó Almada.
“En términos generales, esos son los requisitos más importantes. Después, ya hay otros más detallados, que también requerirán de un análisis y un estudio desde el Área Social, para ver las características de cada grupo familiar y demás”, cerró.
