Las tres representaciones de las querellas en el juicio “Guerrieri IV” concluyeron el martes en Rosario dos largas jornadas de alegatos y pedido de penas coincidiendo con el fiscal general Adolfo Villatte en el requerimiento de prisión perpetua para todos los procesados en esta etapa de una de las causas emblemáticas por hechos cometidos en la última dictadura en perjuicio de decenas de víctimas de secuestro, desaparición forzada, aplicación de tormentos, asesinatos y sustracción, retención y ocultación de menores que las letradas actuantes encuadraron como delito de genocidio por estar dirigido contra un grupo específico de la población civil al que se buscó –y en gran parte se logró– aniquilar mediante la eliminación física de sus integrantes.
Los alegatos habían comenzado el lunes, luego de un incidente ocurrido cuando Juan Daniel Amelong, el único de los imputados que concurre regularmente a las audiencias, se levantó de su sitio para fotografiar con su teléfono celular a la abogada Julia Giordano, letrada de “APDH”, en una actitud intimidante que al ser denunciada ante la presidenta del tribunal, que dirigía el debate por “zoom”, determinó que fuera trasladado a un recinto continuo junto con el ex PCI, Walter Pagano y el ex policía federal, Juan Carlos Facendini, quienes también se hallaban en la sala.
La jueza Mariela Rojas oyó los alegatos desde su despacho en Paraná, mientras que sus colegas María Noel Costa y Jaime Díaz Gavier, lo hacían desde Córdoba, donde ejercen.
Estas ausencias, generaron malestar entre las abogadas de “APDH” e “Hijos”, que habían dado un comunicado al respecto, por lo que Rojas sí estuvo ayer en Rosario para escuchar los alegatos y los pedidos de penas, que fueron de prisión perpetua para todos los procesados, como ya había solicitado el fiscal Adolfo Villatte.
Largas exposiciones
La participación de las representantes de las querellas, había comenzado el lunes con las exposiciones de Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini y Julia Giordano, abogadas de “APDH”, al cabo de las cuales presentó su alegato Eugenia Lardone, abogada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El martes, continuó argumentando Lardone, para dar lugar, finalmente, a Nadia Schujman.
La abogada de “Hijos”, lo mismo que sus colegas precedentes, realizó un pormenorizado informe de lo ocurrido con sus representados y, en una intervención en que la crudeza del relato derivó varios momentos de emoción en los que se le quebró la voz, la letrada terminó requiriendo al tribunal la imposición de penas de prisión perpetua.
Pese a que estos pormenores ya se habían escuchado en instancias anteriores del juicio, cobraron en estas intervenciones especial relevancia, en especial cuando se hizo mención al carácter de víctimas de quince hijos de prisioneros políticos que en el momento del secuestro de sus progenitores tenían meses o pocos años de edad, por lo que relataron sus vivencias fundadas en los escasos recuerdos personales que guardaban o lo que habían ido averiguando en el transcurso de sus vidas posteriores a la tragedia de sus padres.
Uno de estos quince menores fue Mariana Bosso, quien con quince meses de edad permaneció una semana en un centro clandestino de detención que se supone fue “La Calamita”, antes de ser dejada en el palier del edificio donde vivía su tío Horacio Bosso, junto con dos cartas de sus padres dirigidas a sus abuelos Tito y Elena con instrucciones para su cuidado.
Al respecto, las acusaciones contra los perpetradores de estos hechos incluyeron, para ser tenidos en cuenta al momento de las sentencias, los tormentos infligidos por la sustracción, retención y ocultación que estos menores padecieron mientras estuvieron en cautiverio con sus padres y los que siguieron afectándolos hasta el presente por el vacío que representaron y representan sus ausencias.
Fue genocidio
Las letradas representantes de las querellas pusieron el acento en precisar la figura de “genocidio” en los casos analizados, caracterizándolos dentro de los crímenes de lesa humanidad por haber sido dirigidos contra personas que formaban parte de un grupo discriminado de la sociedad, perseguido por su militancia política y social cualquiera fuere la organización a la que pertenecieron.
También, se hizo hincapié en el contexto en el que se puso en marcha el plan sistemático de exterminio, orientado a favorecer a los sectores de poder de la economía e imponer un modelo social y político apelando al terror para sostenerlo.
Cómo sigue
Aunque el tribunal había determinado que las audiencias se retomen el 31 de julio luego de la feria judicial para escuchar los alegatos de las defensas, finalmente, a pedido de los abogados de los imputados, se reanudarán una semana después, el 7 de agosto, para permitirles a estos profesionales preparar las respuestas a los alegatos de la acusación y las querellas.
