El fiscal general Adolfo Villatte, titular Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado en Rosario, comenzará a presentar este lunes (5 de junio) el alegato en el juicio que se sigue a diecisiete ex militares, ex policías federales y ex agentes civiles del Ejército acusados por delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas 116 personas detenidas, asesinadas o secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.
El juicio, conocido como cuarta etapa de la “causa Guerrieri”, por el nombre del ex teniente coronel Pascual Guerrieri, quien fuera jefe del Batallón de Inteligencia 121 del Cuerpo de Ejército, se inició el 1º de agosto del año pasado y concluirá con el fallo del Tribunal Oral Federal 1 luego de que también se conozcan los alegatos de las defensas.
Queda por dilucidar si a los 116 casos que se examinan se sumarán también los de diecisiete niños que en aquellos años fueron secuestrados junto con sus padres, abandonados en la vía pública, dejados en manos de otras personas o fueron testigos de los padecimientos de sus padres, tal como lo pidieron las querellas y el fiscal actuante.
Sobre este tema, en el que Villatte insistirá en su alegato, el tribunal resolvió expedirse cuando emita las sentencias.
La semana pasada, luego de la notificación a los procesados de la ampliación de las imputaciones y las declaraciones que algunos de ellos efectuaron sobre el particular, concluyó la etapa de producción de prueba en el juicio también conocido como “Guerrieri IV” y con los alegatos de clausura se pondrá fin al debate.
Villate anticipó que su exposición final le demandará tres jornadas luego de lo cual argumentarán las defensas de los procesados, que en el caso del abogado Gustavo Niño se manifestó en contra de que los padecimientos sufridos por los entonces menores sea materia del juicio en curso.
Los integrantes del tribunal, presidido por la jueza de la Cámara Federal de Paraná Mariela Emilce Rojas y sus pares de Córdoba Jaime Díaz Gavier y María Noel Costa, comunicaron que su opinión al respecto estará contenida en las sentencias.
Los afectados y los profesionales que los representan como querellantes sostuvieron por su parte que, dada la avanzada edad de los enjuiciados, una dilación en tal sentido podría resultar en que cuando llegue el momento de un eventual nuevo juicio podrían no quedar personas a quienes acusar.
Además se apoyaron en jurisprudencia sentada en juicios realizados en otros tribunales del país donde la situación que atravesaron los menores víctimas fue incluida en las acusación a los procesados, por lo cual también fueron condenados.