Una campaña emprendida por el periodista Ruben Adalberto “Chacho” Pron para apoyar una petición en los tribunales de Rosario recibió más de un centenar de adhesiones en El Trébol y otras localidades de la zona y del país.
En los Tribunales Federales de Rosario, donde se desarrolla el cuarto tramo de la denominada “Causa Guerrieri” en la que se examinan casos de terrorismo de Estado que involucran a 116 víctimas, entre ellas el matrimonio constituido por Carlos Alberto Bosso e Isabel Salinas, el fiscal Adolfo Villatte pidió que se incorpore a las imputaciones contra los procesados la de “privación ilegítima de la libertad” en concurso ideal con “sustracción, retención y ocultación” de menores de 10 años de edad en perjuicio de los niños secuestrados en operativos ilegales en los cuales sus padres fueron muertos o detenidos, posteriormente desaparecidos y asesinados, y, en contadas ocasiones, sobrevivieron al cautiverio durante la última dictadora cívico-militar.
Mariana Bosso fue secuestrada junto con sus padres el 17 de septiembre de 1977 y entregada posteriormente a su familia paterna, habiendo permanecido una semana en cautiverio, lo que la convierte también en víctima del terrorismo de Estado.
Pron ya había señalado la necesidad de una reparación para estos menores al ser invitado a dirigir unas palabras en el acto realizado el 24 de marzo en el Teatro Cervantes para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En una de las últimas audiencias del juicio en marcha, Villatte mencionó los casos de doce niños que padecieron lo mismo que Mariana, a los que se sumaron los de los cuatro hijos del ex sacerdote Santiago Mac Guire, uno de los cuales fue testigo del secuestro de su padre en la vía pública, donde fue abandonado cuando tenía cinco años, y los otros tres encerrados en una habitación de su domicilio desde donde oían los apremios a su madre durante el interrogatorio a la que fue sometida durante un procedimiento ilegal.
En este caso se solicitó al tribunal incluir la figura de “tormento” por el sufrimiento que atravesaron estos menores.
El requerimiento del fiscal fue respaldado por las abogadas que representan a las querellas en el juicio que se tramita en el Tribunal Federal Nº 1 de Rosario contra ex militares, ex policías y ex agentes civiles que trabajaban para el Batallón de Inteligencia 121 del Ejército secuestrando, torturando y asesinando a militantes políticos durante la última dictadura cívico-militar.
