El secuestro de Mariana Bosso, junto con el de sus padres asesinados por la última dictadura cívico-militar en 1977, también podrá ser considerado para la condena a los imputados si prospera un pedido del fiscal que interviene en la cuarta etapa de la causa Guerrieri, Adolfo Villatte, para se amplíe la acusación a los ex militares, ex policías y ex agentes civiles del Batallón de Inteligencia 121 que están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario.
Villatte accedió a una iniciativa de la abogada de la querella Nadia Schujman, representante de Hijos, a la que se sumaron sus colegas Gabriela Durruty, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y las profesionales que actúan en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El tribunal, constituido por los jueces Mariela Emilce Rojas, Carlos Julio Lescano y María Noel Costa, debe decidir ahora si incorpora a los delitos imputados el de “privación ilegítima de la libertad” que padecieron quince niños secuestrados junto con sus progenitores, recuperados luego por familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
Tal es el caso de Mariana, criada por sus abuelos paternos a quienes, según declaró en la audiencia del 25 de abril, un médico le pidió en su niñez que los llamara “papá” y “mamá”, tal
vez para mitigar la ausencia de sus verdaderos progenitores, pero negándole de esta forma el derecho a la verdad.
El reclamo de reparación para Mariana y los otros niños secuestrados con sus padres también fue expuesto en aquella audiencia por otros testigos llamados a prestar declaración en la causa “Guerrieri IV”.
El juicio que se identifica con este nombre involucra al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, a otros cuatro ex militares, siete ex policías federales y seis civiles que trabajaban para la Inteligencia del Ejército en secuestros, interrogatorios bajo torturas, asesinatos y desaparición de personas.
