La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia se reunió con los Fiscales de la Unidad Especial de balaceras y extorsiones Valeria Haurigot, Pablo Socca y Federico Rebola, para abordar distintos temas relativos a las investigaciones que vienen llevando adelante.
“Lo primero que quisimos hacer es expresar el acompañamiento institucional, como Comisión legislativa, al importante trabajo que vienen llevando adelante los fiscales y ponernos a disposición con las herramientas que podamos generar desde nuestro espacio para el avance de las tareas”, señaló el Presidente de la Comisión Juan Cruz “Cacu” Cándido.
Circuitos de armas y municiones, controles laxos en el mercado de chips telefónicos y la vinculación del delito con lo qué pasa dentro de las cárceles y las condiciones de detención fueron los temas sobre los que se centró el encuentro del que participaron además las Diputadas Lionella Catalini y Lucila De Ponti, junto otros miembros y asesores de la comisión que lo hicieron de manera virtual.
“La situación es muy preocupante: de las 1.000 balaceras y extorsiones que se investigan en lo que va del año, la inmensa mayoría fue planificada o ejecutada desde adentro de unidades penitenciarias, como Piñero, Coronda o la nueva Unidad 3 de Rosario”, reseñó Cándido. También se cometen estos delitos desde unidades penitenciarias federales.
Para el legislador radical, la exposición de los fiscales “fue muy sólida y concreta, y nos deja en claro que si logramos que el Estado controle lo qué pasa dentro de las cárceles evitaríamos el 90% de estos delitos”
El diputado -que presentó junto a Maximiliano Pullaro un proyecto de marco legal para el control de los llamados presos de alto perfil- y los demás miembros de la comisión se comprometieron con los fiscales a trabajar en normativas que restrinjan comunicaciones y visitas. “No puede ser que alguien imputado por cometer delitos desde adentro de la cárcel siga comunicándose sin ningún problema o que detenidos peligrosos tengan teléfono fijo disponible casi todo el día y el Servicio Penitenciario termine siendo un mero testigo o se limite a esperar que le ordenen actuar”, señaló.
“Lógicamente para corregir esto hace falta decisión, pero también recursos humanos y materiales. Algo logramos avanzar en el debate del presupuesto vigente pero vamos a impulsar en el próximo debate presupuestario un aumento importante de las partidas para la persecución penal en nuestra provincia”, concluyó.
