La Justicia decidió la restitución de un inmueble a un hombre de 60 años a quien lo habían despojado de su propiedad mediante amenazas y maniobras ilegales. El hombre sostenía un vivero ambulante y un conflicto con dos clientas deudoras lo acercó a los prestamistas que lo condicionaron a firmar la compraventa de su departamento. Desde entonces comenzó un derrotero de irregularidades por los que terminó en situación de calle.
Marcelo T., un hombre de 60 años, trabajaba como vendedor ambulante de plantas y flores. Cuando un día no pudo cobrar los cheques que dos clientas le habían firmado no creyó que ese sería el punto de partida para un conflicto que lo dejaría en situación de calle. Los cheques sin fondos de estas clientas, dos hermanas llamadas Daniela y Verónica G. que a su vez también tenían viveros, se acumularon al punto de que el hombre entró en deuda con sus proveedores. En tanto la deuda de las hermanas con él se había extendido hasta alcanzar los 600 mil pesos. Para entonces corría mediados de 2018.
Para la fiscal que tomó el caso, Valeria Haurigot de la Unidad de Investigación y Juicio, el dueño del departamento se encontraba en una situación de vulnerabilidad y sin asesoramiento. En provecho de ese contexto los prestamistas le hicieron firmar la compraventa del inmueble por una suma cercana a los 600 mil pesos. Además firmaron un comodato para que el hombre pudiera seguir viviendo por un año en ese lugar.
Según denunció Marcelo T., los problemas se profundizaron cuando los prestamistas le exigieron un pago de 90 mil dólares bajo la amenaza de desalojo, una cifra que por su situación económica era imposible de afrontar. En esos días fue que el hombre, según relató, recibió una amenaza a través de una llamada desde un número privado: «Ojo con lo que hacés. Te damos 48 horas si no sos boleta».
El 17 de febrero pasado Marcelo T. salió de su departamento para ir a trabajar. Eso fue cerca de las 7.30 y al regresar, cerca de las 22, no pudo volver a ingresar. Le habían cambiado una cerradura. Cuando el hombre hizo la denuncia y acudió al lugar con la policía los dos hombres que estaban dentro de la vivienda adujeron no poder abrir sin el permiso de los dueños. Se referían a Horacio F. y Eduardo H, quienes unos minutos después se hicieron presentes en el lugar y exhibieron la escritura del departamento mediante la cual manifestaron ser los nuevos dueños.
Después de ese hecho Marcelo T. quedó en situación de calle. Según relató lo ayudaron en una capilla, donde le prestaron dinero y le brindaron comida. Luego estuvo unos días viviendo en la casa de un conocido en la zona sur de la ciudad.
Audiencia
En una audiencia realizada este lunes la fiscal Valeria Haurigot solicitó el cese del estado antijurídico de Marcelo T. y la restitución de su inmueble. «La víctima fue despojado del mismo mediante violencia, amenazas y clandestinidad», sostuvo en su presentación. El juez de primera instancia Mariano Aliau dio lugar al pedido.
Para la fiscal la víctima fue engañada y presionada, además el hombre no sabía lo que estaba permitiendo con su firma cuando autorizó la compraventa de su propiedad. En tanto se cree que los prestamistas habrían intentado generarle deuda para quedarse con el departamento.
Lo que delató esa maniobra fue el hecho de que los involucrados no acudieran a un juicio por desalojo, acaso la herramienta legal ante una situación de este tipo. En cambio lo que los prestamistas hicieron fue llevar a dos hombres para que se metieran en la vivienda, lo que no fue otra cosa que una usurpación.
Para Haurigot este hecho dejó ver los elementos típicos de la estafa como son la puesta en escena y las amenazas. Sin embargo lo que la fiscal destaca es que en un principio la Justicia haya dado lugar a la medida cautelar y se haya acercado de esa forma a una persona vulnerable involucrada en una situación compleja. Mientras tanto podrá tomar su curso la investigación por aprovechamiento, usura y usurpación, que son algunas de las irregularidades en torno al caso.
Fuente: La Capital.
