El ecocidio en el Delta del Paraná no solo está provocando un desastre ambiental, sobre el cual los especialistas advierten que tardará mucho en recuperarse, sino que además dejará un tendal de demandas contra los dueños de los terrenos incendiados, por verse perjudicados en su salud.
Desde que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) habilitó en su centro de salud “7 de Abril”, ubicado en calle Alvear 724, un área específica para atender consultas de personas con afecciones respiratorias producto del smog que provoca la quema en las islas, los teléfonos no paran de sonar.
Según informó a El Litoral su coordinador general, Ricardo Nidd, se recibieron en el primer mes unas 400 consultas de pacientes con diferentes trastornos respiratorios. “Algunos casos los pudimos atender nosotros y otras personas fueron derivadas a hospitales por tratarse de casos de mayor complejidad”, señaló.
De todas las consultas que se recibieron -a través de las redes sociales de la Universidad o mediante el sitio observatorioambiental.org, desde que se lanzó este servicio junto con un asesoramiento y acompañamiento legal para quienes deseen realizar demandas por daños y perjuicios a su salud, el abogado de la UNR, Matías de Bueno aseguró a El Litoral que “hay por lo menos 70 demandas en proceso contra los propietarios de los campos”.
“Recibimos unos 150 llamados, de los cuales unas 70 personas quieren accionar por vía judicial”, agregó, y dijo: “Actualmente ya tenemos una demanda ingresada en el colegiado 2 en los tribunales provinciales de Rosario”. Se trata de una mujer mayor de edad, que es docente y que padece problemas pulmonares graves desde diciembre de 2019 producto del humo de las quemas. La víctima vive en el barrio Pueblo Nuevo, lindero al río Paraná, y tomó la decisión de judicializar su afección.
Se arremete contra los titulares de los campos “porque entendemos que la responsabilidad objetiva es de aquellos dueños que realizan un aprovechamiento económico sobre una actividad que genera un riesgo y, por ende, son solidariamente responsables”, afirmó el abogado De Bueno.
El letrado especificó que la demanda es contra los propietarios que son santafesinos o viven en el territorio provincial. Además, explicó que esta primera demanda en curso “sirve para todas las demás que le siguen en proceso, porque uno identifica las responsabilidades; la única forma que tienen de bajarse los titulares de los terrenos es demostrando que el daño de las quemas lo hizo otro”.
Costos y beneficios
Todas las personas que pretendan accionar vía judicial, perciben un asesoramiento y acompañamiento legal por un grupo de abogados de la UNR de manera gratuita. Ninguno de ellos cobra honorarios por el trabajo.
No obstante, las víctimas deberán afrontar los costos del tribunal, como por ejemplo el sellado, que son gastos administrativos. “Estamos agrupando las demandas de a cinco personas para disminuir al máximo los costos”, aseguró Matías de Bueno.
Además de comunicarse, las personas afectadas en su salud por los incendios deben realizar un relato de los hechos que fueron sufriendo por las quemas, juntar pruebas para aportar a la causa y, si fuera necesario, atenderse médicamente en el centro de salud de la UNR para detectar el daño específico.
Las consecuencias favorables para los demandantes pueden considerarse mediante una restitución económica por daños y perjuicios a la salud producto del humo. Se trata de una indemnización que perciben las personas afectadas por la contaminación del aire.
“Entendemos que son acciones complejas y conllevan su tiempo, pero pueden ir avanzando, porque hay muchos precedentes respecto al daño ambiental y se reconocen este tipo de recomposiciones, aunque no sabemos de plazos porque hay que ver cómo se encara el proceso el tribunal provincial”, detalló el abogado y concluyó: “Las posibilidades de obtener una recomposición son muy altas, sobre todo porque el daño ya fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)
