El artículo 4° de la Ley General del Ambiente (N° 25.675) expresa en su principio de sustentabilidad que “el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.
Esta norma es la que establece los principios rectores del derecho ambiental argentino. Ante una situación tan crítica como la que vive todo el litoral, donde su mayor riqueza compartida son los ríos y los recursos que los integran —entre ellos los peces y la fauna acuática en general—, es menester atender la gravedad de las consecuencias que causa la depredación ictícola, elevada a la máxima potencia por la histórica bajante que atraviesa toda la cuenca del río Paraná. Fiel reflejo de ello es la cantidad de videos que se difunden por redes sociales, en los que se observa la saña humana para capturar peces en minúsculos charcos, ocasionados por los flacos niveles hidrométricos.
“Somos uno de los únicos países del mundo que exporta sus pescados de agua dulce, sacados directamente de la naturaleza. Los demás países del mundo no es que no exporten pescados, sino que lo hacen desde granjas de piscicultura (criaderos) donde se le hace un seguimiento sanitario, se los vacuna y se les da un alimento balanceado. En Argentina se saca del río el pescado ‘salvaje’ y se lo exporta directamente”, comentó el abogado Néstor Baldacci, quien fue presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Santa Fe y miembro del Consejo Provincial Pesquero de Santa Fe.
“Ya de por sí, la actividad de pesca comercial, como se desarrolla habitual y normalmente en nuestra región (cuenca del Paraná) es inconcebible desde el punto de vista ambiental. Hay un constante saqueo de un recurso natural renovable pero también vulnerable”, analizó Baldacci, y advirtió que ante la baja altura en toda la extensión de la cuenca, “mantener o habilitar la pesca comercial en esta situación es un verdadero atentado contra un recurso natural renovable pero sumamente frágil por la presión a la que desde hace décadas se ve sometido”.
Todos los tamaños. Muy pocos son los pescadores que respetan las longitudes mínimas de captura, reguladas en la Ley Provincial N° 12.212 de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros.
No debe olvidarse que en el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández, se permite que continúe la actividad de pesca comercial continental. “Entendemos que la excepción prevista por el Gobierno Nacional puede llegar a justificarse en otros ámbitos de la Argentina, pero de ninguna manera encuentra asidero en la cuenca del río Paraná, lo que incluye a la provincia de Santa Fe”, resalta una carta que Baldacci, junto a pescadores deportivos de toda la provincia, enviaron al gobernador Omar Perotti.
Tras argumentar a lo expuesto que queda el recurso ictícola frente a las condiciones naturales reinantes, reclaman en la misiva: “Solicitamos tenga a bien, hacer uso de sus facultades constitucionales, extendiendo el aislamiento social, vedando la pesca comercial. El esfuerzo debe ser de todos, pero parejo señor gobernador”.
De las provincias que forman parte de la gran cuenca del Paraná, los gobiernos de Chaco y Corrientes decretaron la veda total. Empero, Entre Ríos y Santa Fe aún la analizan.
Frigoríficos en el “ojo de la tormenta”
Santa Fe y Entre Ríos son las dos provincias con más frigoríficos dedicados al acopio de fauna ictícola del país. En “la bota” hay empresas dedicadas a la exportación en Coronda, Villa Constitución y en Arroyo Leyes, mientras que la vecina provincia cuenta con grandes acopiadores en Victoria y Diamante.
“Esos pescados, extraídos de forma masiva (en miles de toneladas anuales) directamente de su entorno ambiental, con pocas o nulas medidas sanitarias, son almacenados (acopiados) en frigoríficos que luego exportan el producto. Y a diferencia del resto de los frigoríficos (aves, cerdos, vacunos) no atraviesan ningún control ni seguimiento sanitario, tal como por ejemplo los planes de vacunación animal, registro de marcas, etcétera. Simplemente sacan el pescado, lo congelan y lo exportan, manteniendo cautiva una masa de trabajadores (pescadores) que no están inscriptos en relación de dependencia y son pocos inscriptos en algún monotributo social”, remarcó Baldacci.
Pescar para abastecer a estos importantes acopiadores significó que la pesca comercial abandone las técnicas tradicionales para ir hacia una extracción masiva de las especies. “Muy pocos de los actuales pescadores son los isleños de ley de toda la vida, quienes sí reconocen qué pescados sirven y cuáles no”, observó el abogado ambientalista.
Es decir que quienes trabajan ahora en abastecer a los grandes frigoríficos no ponen la lupa en el tamaño ni son criteriosos en que tal o cual especie está vedada, según su período de protección. Al respecto, Baldacci opinó: “Éste es el problema de base que tenemos, pero actualmente con la situación de ríos extremadamente bajos, todos los cardúmenes de peces que —en condiciones hidrométricas normales— pueden escaparse por el Delta del Paraná, al no tener caudal de agua se refugian en un solo río y se embotellan, es un embudo. Es ahí donde se aplica el mismo sistema de pesca que se usa para un río normal, por eso es evidente que el daño es muchísimo mayor”.
—¿Quién permite esta pesca comercial?
—Es el Gobierno Nacional, es una política nacional. Cuando Alberto Fernández dictó el DNU de aislamiento obligatorio, pone dentro de las excepciones a la actividad agrícola, ganadera y la pesca continental (comercial). Pero en ese momento no se tuvo en cuenta la bajante del río.
—¿Hay un fundamento legal para la prohibición inmediata?
—Sí. Dentro del artículo 4° de la Ley General del Ambiente tenemos los principios de prevención y precaución que dicen que ante la sospecha de que se estuviera sufriendo un daño ambiental que pudiera ser irreversible, se tienen que tomar medidas preventivas, y esa medida hoy es la veda automática; tienen que salir a vedar no sólo Santa Fe, no tiene que hacerlo Omar Perotti solamente, sino toda la cuenca del Paraná. (“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”, detalla el artículo 4° de la Ley N° 25.675.)
—Pero el gobierno provincial se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional (CN) que dispone: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio…”.
—Estoy totalmente de acuerdo y justamente por las facultades no delegadas en el artículo 124 de la CN es que la provincia de Santa Fe, como mínimo, debería ser congruente con los principios establecidos por el artículo 4° de la Ley General del Ambiente n° 25.675, especialmente por congruencia y precaución.
—Del informe elaborado por el gobierno provincial, ¿qué puede analizar? (ver “La postura del Gobierno…”)
—El recurso ictícola actualmente no puede ser considerado como “estable”, y sí en cambio como “vulnerable”, teniendo en cuenta las condiciones del río que son extraordinarias y catastróficas.
Los trabajadores del río, como se señala, no son los únicos seres humanos argentinos que tienen una sola actividad como sustento de su familia. Hoy en día son cientos de miles de argentinos los que se ven imposibilitados de trabajar, de generar recursos de darle sustento a sus familias por el aislamiento dispuesto. Entonces pregunto, ¿tienen más o mejor derecho los trabajadores del río que otros trabajadores argentinos? ¿Por qué? ¿En qué norma se basan? Son cinco mil personas las que circulan libremente en comunidades altamente vulnerables sin el mínimo requisito o precaución sanitaria, ni con el Covid-19 ni con la materia prima alimentaria que transportaron siempre.
Existe una notable falta de valor absoluto de la rigurosidad científica donde se basan las decisiones. En otras palabras, cuando (el gobierno provincial) dice que el recurso “sábalo” está estable, los argumentos que utiliza faltan a la verdad. Esos estudios no fueron sometidos a evaluaciones independientes, no fueron revisado por pares, no se conocen las opiniones de esos resultados de parte de terceros.
Demuestra que claramente cuando hay un control real y efectivo del Estado, las infracciones se detectan. De todas formas, a diario vemos que falta muchísimo por hacer y que el sistema de control es lamentablemente permeable (respecto a las piezas secuestradas desde que inició la cuarentena).
La postura del Gobierno de Santa Fe
El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, convocó —a principios de semana— una reunión interdisciplinar con el objetivo de analizar la situación de los recursos pesqueros frente a la bajante actual.
La provincia de Entre Ríos acompañó esta reunión a los fines de mantener un criterio unificado sobre la decisión adoptada respecto de los recursos compartidos por un mismo río. En esta misma nota se señaló que el marco legal en el que se resguarda el Estado provincial para la protección de los recursos pesqueros se encuadra en el Art. N° 124 de la Constitución Nacional.
“El recurso ictícola viene siendo monitoreado y estudiado históricamente por la Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Desde este diagnóstico, se notifica que el estado del recurso ‘sábalo’, según la información técnica disponible, estaría estable”, sostienen, e informan: “Existen dos cohortes de peces que mantienen principalmente las capturas actuales de sábalo. La 2009-2010, que viene siendo importante en las capturas desde 2012 y aún en la actualidad, es la predominante en la pesquería del cauce principal, ante la ausencia casi total de ejemplares de mayor edad. La cohorte 2015-2016 aportaría la mayoría de ejemplares en la pesquería del valle aluvial del río, acompañada por otras de menor importancia. Sumado a ello, existe una tercera cohorte, 2016-2017, que está siendo pescada sólo con ejemplares de pequeño porte, reclutada a la pesca recientemente, y en escaso número. Además, por estudios llevados a cabo en colaboración con otras provincias y la Nación (Proyecto EBYPES), se ha demostrado la presencia de otras dos cohortes más jóvenes (2017-2018 y 2018-2019), que comenzarían a aportar a las anteriormente mencionadas”.
Con referencia al aislamiento que exceptúa a 5.000 pescadores con habilitación para circular en la actualidad (carnet de pesca comercial o de subsistencia), “disminuye considerablemente el tránsito e impacto sobre los cursos de agua”, explican, y resaltan “la ausencia de casi 50.000 personas que generalmente visitan los casi 600 km de costa en carácter de turista, ocio o pesca deportiva”.
Como ejemplo indican: “Si se comparan las toneladas fiscalizadas en los períodos de enero-abril del 2019 (2.101,7 toneladas) en que había una situación de agua medias-altas, en comparación con el período de aguas bajas acontecido en enero-abril del 2020 (1.160,3 toneladas) se denota claramente una diferencia de casi el 50%. Estas cifras, demuestran la influencia de la disminución de la demanda del mercado frente a la situación sanitaria actual, y que claramente se está lejos de una explotación indiscriminada del recurso frente a la bajante”.
“Por lo expuesto, y frente a un diagnóstico positivo del recurso considerándoselo actualmente como ‘estable’, se considera primordial asegurar su sustentabilidad reforzando la cohesión entre las fuerzas de fiscalización para la protección de las tallas en crecimiento, y el impedimento total de artes de pesca no permitidas o fuera de las medidas establecidas por las leyes vigentes”, y concluyen: “Se están evaluando —conforme a la mejor información científica y técnica disponible— eventuales áreas de protección del recurso en sectores críticos y esenciales de la cuenca bajo conceptos hidro-ecológicos sólidos, lo que será resuelto en los próximos días en consulta con el equipo científicos convocado bajo esta realidad”.
Pedido de veda
El diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que “decrete de manera urgente la veda temporal de la pesca comercial y deportiva de las especies que los organismos de control dictaminen”. De acuerdo a la iniciativa, la medida deberá permanecer hasta que “los niveles hídricos vuelvan a su normalidad” y se exceptúa de la misma a “la pesca de subsistencia practicada desde su modalidad de costa con línea de mano y/o caña con reel y un anzuelo”.
Controles
La intervención de fuerzas federales y nacionales en las rutas y cursos acuáticos, respecto a la fiscalización, “ha sido sumamente mayor a otros períodos”, señalan desde el gobierno provincial. Durante la cuarentena social y obligatoria se han fiscalizado en marzo: surubí, 73; dorado 26; mandube 11; moncholos 149; sábalos 1.012; patí 18; amarillos 53; tarariras 45; boga 33; armados 21; carnadas 885. Y se secuestraron 53 “artes de pesca” y labraron 44 actas.
Durante esta primera quincena de abril se fiscalizaron: surubí 65; dorados 11; mandube 19; moncholos 114; sábalos 482; patí 28; tarariras 12; armados 1; palometas 2; otros 7. Se secuestraron 27 “artes de pesca” e hicieron 30 actas.
Números duros
Hay cifras alarmantes para atender y que deben tomarse en cuenta si hay una intención política nacional en pos de cuidar el preciado recurso: la Argentina exporta el 90% de lo que produce, es decir que sólo el 10% queda para consumo interno: Desde 1998 a 2019 se exportaron 446 millones de kilos de pescado. Para tener presente, el año pasado 18 mil toneladas de pescado partieron de aguas argentinas hacia otros países.
Fuente: El Litoral
