Con el anuncio del presidente Alberto Fernández de la extensión de la cuarentena y la posibilidad de delegar a las administraciones provinciales la flexibilización de las restricciones que pesan sobre el comercio, la industria y las actividades profesionales, recrudeció en las pequeñas poblaciones el reclamo de quienes no pueden reiniciar sus labores. Ayer, algunos pueblos se organizaron para peticionar al gobierno provincial mientras que otros, como María Juana y San Vicente, en el departamento Castellanos, con profunda autodeterminación salieron directamente a flexibilizar las actividades según criterios evaluados en sus respectivos comités de crisis. La repercusión de la decisión adoptada fue creciendo con el correr de las horas, hasta que sobre el final del día, las respectivas comunas dieron marcha atrás con la medida.
Con un esquema que detallaba cada actividad y las restricciones particulares, se publicó la novedad a través de las redes sociales de ambas comunas. Allí se comunicaron horarios, medidas de seguridad y modalidades de atención para cada rubro «flexibilizado» por el gobierno nacional, además de otros que no estaban comprendidos en la resolución, como ventas de electrodomésticos, tiendas, zapaterías, perfumerías, imprentas, enotecas y rubros de cuidado personal.
En concreto, habilitaron toda la actividad comercial pero luego debieron dar marcha atrás. En el caso de María Juana, una denuncia anónima obligó a una nueva reunión del comité de crisis luego de la cual se bajó el anuncio de las actividades permitidas en el perfil de Facebook en el que la comuna comunica las decisiones. En su lugar se subió el que anunciaba que habían dado marcha atrás.
«Debido a un error de interpretación de las normas legales, se deja sin efecto la disposición emitida este lunes, donde se habilita a funcionar a comercios y rubros no comprendidos en el decreto nacional. Quedamos a la espera que el comité de crisis departamental gestione su aprobación ante el gobierno provincial», indica el comunicado.
Durante la tarde, el presidente comunal de María Juana, Amadeo Bazzoni, había esgrimido ante La Capital que «la situación en la localidad es insostenible. Hay gente que necesita trabajar para poder llevar alimento a su casa y no hay forma de controlarlo. Un peluquero va a trabajar casa por casa, una tienda vende un abrigo para un chico por la ventana y así con muchos rubros que si los organizamos y les permitimos trabajar bajo ciertas reglas haríamos mejor tarea».
«Hubo una mala interpretación de cómo se debía actuar», manifestó a su vez el presidente comunal de San Vicente, Gonzalo Aira, acerca de la decisión de liberar una serie actividades.
«Tuvimos la mejor intención para con aquellos que están más complicados con la cuestión económica y nos equivocamos. Por supuesto que vamos a ser coherentes con lo que se dictaminó desde la Nación», dijo Aira.
Acerca de la publicación que hizo la comuna en Facebook sobre las actividades que se autorizaban a realizar, el presidente comunal aclaró que no debía aparecer allí porque se trataba de «una comunicación interna».
«Era una comunicación interna para ver cómo nos podíamos ordenar ante el pedido desesperado de varios rubros. Quisimos ayudar ante la desesperación del que realiza changas», dijo.
«Quisimos hacer el bien y nos equivocamos. Las Pymes están desesperadas y muchas manifiestan que no van a poder pagar los sueldos», planteó.
Aira se sorprendió con la repercusión de la decisión que había adoptado la comuna, y sostuvo que no es la única localidad que había decidido liberar actividades. «Estoy en un foro de intendentes y la mayoría están haciendo lo mismo. Nadie lo hace con mala intención», dijo.
El presidente comunal contó que ayer mismo le envío un petitorio al gobierno provincial para una cuarentena administrada, explicando además lo que calificó que fue un «error» de la comuna.
Fuente: La Capital
