«Las mujeres y personas gestantes y nuestros hijos, ahora tenemos más derechos». María Petraccaro integra el Colectivo Autoconvocado de Mujeres en Tribu, que lleva años impulsando la aplicación de la ley nacional de parto respetado aprobada en 2004 y que recién esta semana logró ser reglamentada en Santa Fe.
«La reglamentación nacional tardó más de una década, no queríamos que en la provincia pasara lo mismo», destacaron las mujeres que desde 2017, cuando la provincia adhirió a la normativa nacional, se pusieron a trabajar en un borrador e impulsaron la efectiva aplicación en todos los centros de salud santafesinos. «Este es un paso enorme, ya nadie se puede hacer el distraído respecto de los derechos de las mujeres y sus hijos, ni los espacios públicos ni privados», señaló Petraccaro.
Desde el Ministerio de Salud, la coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva, Sandra Formia, indicó que en las 29 maternidades santafesinas ya se viene trabajando tanto en materia de infraestructura como de capacitación de los equipos, y consideró que «hay un cambio de paradigma por adelante»
Aprobada en 2004 y reglamentada recién en 2015, la ley nacional es la base sobre la que la provincia trabajó a partir de 2017. Ese año, la legislatura adhirió a la normativa nacional, pero recién esta semana, el Ministerio de Salud de la provincia, a partir de un trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres, publicó en el Boletín Oficial la reglamentación que obliga a la aplicación de la ley en todos los centros de salud.
«Tardó, pero salió y es un paso enorme porque se trata de una herramienta fundamental», indicó la integrante de Mujeres en Tribu, y agregó: «A partir de ahora, a ninguna mujer que vaya a parir y lleve consigo la reglamentación, le podrán negar sus derechos».
Tal es así que el primer artículo deja en claro que las medidas son «tanto para los efectores públicos como para los privados, las obras sociales, las empresas de medicina privada y prepagas», que en todos los casos «deberán instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley nacional».
Para Petraccaro, «este avance eleva el piso de los derechos de todas las mujeres y personas gestantes», y no lo hace de cualquier manera, sino tomando en consideración la resolución de Naciones Unidas, que analizó los casos de violencia obstétrica en todo mundo y los estableció como una violación a los derechos humanos de las mujeres. «Esa es una definición clave, que marca al espíritu del texto», remarcó.
Derechos establecidos
Si bien el texto definitivo dejó por fuera algunos de los pedidos de las mujeres, —»por los cuales habrá que seguir batallando», dicen—, la reglamentación incluyó «puntos fundamentales» del proceso de acompañamiento del proceso de la mujer y del bebé en los primeros minutos y horas de vida.
«Un punto central es el hecho de que las mujeres puedan estar acompañadas tanto en las cesáreas como en el parto por «las personas de su confianza», y lo establece en plural, algo que permitirá por ejemplo el acompañamiento de una doula (proporciona apoyo emocional, físico y educativo a la madre), a quienes muchas veces las instituciones quieren poner límite», indicó Petraccaro.
La no intervención en los partos sanos es otro ítem. «Se destaca que existen procedimientos que no sólo no son necesarios, sino que están desaconsejados, y se enumeran cuáles son esas intervenciones, por lo que nadie puede hacer caso omiso», dijo.
«Hay que dejar de lado esas intervenciones violentas de rutina y hacer del respeto a la mujer y el bebé la principal rutina», opinó.
El derecho a ingerir alimentos y líquidos, a estar en movimiento, a elegir la posición para parir y el respeto por la «hora sagrada» de contacto piel a piel entre madre e hijo también están especificados, así como los casos de muertes perinatales. Allí, se establece que la mujer tiene derecho de decidir si quiere atravesar ese proceso a través de un parto o de una cesárea.
Las áreas de neonatología en los casos de nacimientos prematuros son parte de la normativa y se establece el derecho «continuo» de las familias a estar con sus hijos e hijas. «Las instituciones tienen que aceptar de una vez que las familias no somos visitas en las neo, que tenemos derecho a estar con nuestros niñes, a no perdernos ni el primer baño ni el primer cambio de pañal», recalcó Petraccaro.
Por delante
Dejando en claro que con este paso Santa Fe logra «una reglamentación excelente», las autoconvocadas dijeron que «hay por delante un cambio de paradigma», y señalaron que, «aunque haya bañeras, banquitos y pelotas, es la capacitación lo que va a permitir que esto funcione».
Una batalla que, según aseguran, también habrá que seguir dando es la de las sanciones. «El gran problema de la violencia obstétrica es que por más derechos que haya a denunciar, de nada sirve si no hay consecuencias y sanciones reales, porque se nos siguen riendo en la cara», indicó la integrante del colectivo, y agregó con ironía: «De nada sirve una notita como un reto a la institución por lo mal que se portó».
Fuente: Uno Santa Fe
