Mariano Valdés, jefe de la Policía Federal delegación Santa Fe que fue víctima de un atentado en la noche de este lunes en la autopista Rosario-Buenos Aires, asumió el cargo en mayo pasado, cuando se conocieron las detenciones de miembros de la fuerza por connivencia con el narcotráfico. El anterior jefe y otros cinco agentes fueron acusados de adulterar documentos públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y tráfico de estupefacientes. Tres de esos uniformados habían sido pasados a disponibilidad anteriormente, en abril de 2017, cuando cumplían tareas en Córdoba, por una causa similar.
Todo comenzó el 19 de febrero pasado, cuando una denuncia anónima dirigida al jefe de la Policía Federal a nivel nacional, Néstor Roncaglia, llegó a Asuntos Internos. El texto indicaba que en Santa Fe funcionaban «mafias con la venta de drogas en los barrios» e indicaba que un grupo de policías federales protegían a narcos. La carta señalaba que esos uniformados cobraban dinero para luego brindar información falsa en informes a sus superiores. Esa denuncia además contaba con un video donde se veían a algunos agentes junto a miembros de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Según precisó el periodista Juan Citroni (Radio 2), el pasado 4 de abril, personal de calle de la Policía Federal delegación Santa Fe detuvo en la vía pública a un dealer llamado Guillermo K., quien llevaba estupefacientes y dos celulares. De acuerdo a escuchas, el narco llevaba droga desde Santa Fe hacia Esperanza y pagó dinero para aliviar su situación en el procedimiento y para recuperar uno de sus teléfonos.
Los uniformados intervinientes no informaron al fiscal en turno sobre ese procedimiento y pasaron información falsa a las autoridades del Juzgado Federal Nº 1 para conseguir que Guillermo K. recuperara la libertad.
Sin embargo, no terminó allí la irregular situación. En escuchas telefónicas quedó claro que los policías ofrecieron a Guillermo K. «trabajar tranquilo» a cambio de un dinero mensual.
Los policías acordaron con el dealer una serie de encuentros y pagos. Todo comenzó con la falsedad del acta de procedimiento del 4 de abril, donde solo consta el secuestro de 81 gramos de cocaína. Ese acta trucha fue redactada a las 19.30 de ese día y fue firmada, entre otros, por el jefe de la Delegación local de la PFA, el comisario Marcelo Lepwalts.
Para los fiscales federales que investigaron el hecho, Gustavo Onel y Walter Rodriguez, todos los intervinientes formaron parte de un plan común. Falsearon el acta, sustrajeron elementos probatorios, encubrieron el delito y fueron parte de un cohecho, todo agravado por tratarse de un ilícito en el marco de la ley nacional que reprime el tráfico de drogas. De esta maniobra, además del jefe de la Delegación, participaron el Inspector Cristian Bogetti, Fernando Navarro y Michael Arbildo.
Lepwalts y su personal conocían la actividad de Guillermo K. porque ellos mismos lo investigaron y escucharon sus teléfonos mientras fueron auxiliares de la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Walter Rodriguez en 2018, en la causa que investigaba a un vendedor conocido como “Lucho”, que después resultó ser el Guillermo K.
Según publicó El Litoral, a principios de mayo el fiscal Onel pidió las detenciones del inspector Cristian Bogetti; el cabo Lucas Bustos; y el cabo Darío Duarte –oriundos de Córdoba e integrantes de la Brigada de calle–, quienes el 24 de mayo fueron procesados con prisión preventiva por el juez Reinaldo Rodríguez por los delitos de “encubrimiento tríilemente agravado –por tratarse de un delito especialmente grave, por su condición de funcionarios públicos y por el ánimo de lucro–; y por incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se les trabó embargo de $300.000 para cada uno.
El 30 de mayo, el juez Francisco Miño dictó el procesamiento para el resto de los detenidos, entre ellos, el ex jefe de la delegación Santa Fe de PFA, Marcelo Lepwalts; y los numerarios Michael Arbildo y Carlos Gómez Navarro; pero también para Bogetti, por los delitos de “falsedad ideológica de documento público”; “sustracción de elementos probatorios”; “encubrimiento agravado triplemente calificado”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, “cohecho”, “falso testimonio” y “tenencia simple de estupefacientes”, con prisión preventiva. En tanto Duarte y Bustos sólo por “tenencia simple de estupefacientes”.
A Bogetti, Bustos y Duarte protegieron a un clan narco de barrio Nuevo Horizonte al que debían investigar, según la acusación del fiscal Onel. Los mismos agentes habían sido pasados a disponibilidad el 3 de abril de 2017, cuando trabajaban en la PFA de Villa María, Córdoba. El 23 de marzo de 2018 recuperaron la placa y fueron trasladados a Santa Fe, casualmente a la brigada de calle que se dedica a tramitar causas de drogas.
El jefe de la Policía Federal a nivel nacional, Néstor Roncaglia, indicó que hubo «fallas en el control de gestión de los subalternos» al hacer referencia a los casos de Bogetti, Bustos y Duarte. Por ese motivo, pasó a disponibilidad al jefe del Área III de Rosario de la PFA, Gustavo Ghiglione, y al jefe de la Región Centro con sede en Córdoba, Guillermo Guardia. Ghiglione y Guardia no están implicados en las causas penales.
Droga en la delegación
Por las causas federales se realizaron allanamientos en distintos domicilios de la capital provincial. Entre ellos, en la delegación Santa Fe de la PFA, donde se incautaron 88 bochas de cocaína que no estaban con la debida cadena de custodia.
Dentro de los operativos ordenados se allanaron domicilios de Guillermo K., presunto narco que trabajaba en una agencia de autos de la ciudad de Esperanza.
