– El análisis, elaborado por Iván Reisenman, Luciana Sosa y Andrea Luna, subrayó que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más ingresos por este concepto recibió, superando los $ 10.000 millones, según publicó Télam.
«Santa Fe y Córdoba que en principio se oponían a la medida, fueron también las principales beneficiadas recibiendo durante seis años del FFS montos de $ 4.257 millones y $ 4.230 millones, respectivamente», precisaron los analistas.
Explicaron que «estos montos resultan significativos para la obra pública de cada región», ya que, puntualizaron, representan el 32% del gasto que realizaron las provincias en infraestructura durante el último año».
Indicaron que «para el caso de Buenos Aires, las transferencias del Fondo Federal Solidario representaron aproximadamente el 29% del gasto en capital de la provincia», y añadieron que «para Córdoba y Santa, dicho ratio fue del 31% y 23% respectivamente».
Los integrantes del Geenap señalaron también que «El FFS permite una distribución más equitativa de los excedentes agropecuarios, beneficiando a regiones que no son grandes exportadores de oleaginosas, como la provincia de Formosa y Catamarca que recibieron un total de $ 517 millones y $391 millones de pesos».
Precisaron que «Formosa representó 13% y para Catamarca, 22% del gasto de capital realizado por estas provincias».
«Estos datos desarticulan la zoncera de que durante este período los excedentes del campo se distribuyeron con favoritismos y fueron dirigidos solamente al consumo, en desmedro de la inversión y del desarrollo», sostuvieron Reisenman, Sosa y Luna.
También subrayaron que «mediante la creación del FFS se introdujo una herramienta de política económica netamente federal, pensando en el desarrollo equitativo de las provincias, siendo además un instrumento contracíclico, que estimula los niveles de actividad económica en todo el país».
Afirmaron que «la importancia de contar con este instrumento radica fundamentalmente en el impacto positivo que el mismo genera en materia de empleo, al posibilitar que se concreten proyectos de inversión y obra pública en todas las regiones del territorio nacional, logrando obtener un canal de financiamiento afectado específicamente en a obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial».
El FFS tuvo su origen luego de la crisis provocada por la Resolución 125, y se dictó con el objetivo de generar un instrumento que redistribuya con carácter federal los excedentes generados por la comercialización de la soja.
El llamado «fondo sojero», que se distribuye a las provincias, se constituye con el 30% de lo que percibe el Estado en concepto de retenciones por la exportación de soja, en todas sus variedades y derivados, y se caracteriza por tres aspectos fundamentales:
Se reparte entre las distintas provincias de forma automática y sin discrecionalidad utilizando el mismo criterio que en la Ley Federal de Coparticipación.
Además, un 30% del monto dirigido a las provincias debe ser a su vez girado de forma automática a los municipios dependiendo de la cantidad de población y otros criterios establecidos en la Ley N°10820 de Coparticipación Municipal.
Estos fondos están condicionados a ser dirigidos a financiar proyectos «que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales».
En el decreto se prohíbe el uso de los fondos para el financiamiento de gastos corrientes, siendo sujetos al control previsto por la ley orgánica de municipalidades y el artículo 159 de la constitución provincial.
Además, se reducen los efectos adversos del traslado de los precios internacionales de los alimentos y la sojización en la economía, a la vez que se busca el desarrollo y la diversificación de las economías regionales beneficiando al pequeño y mediano productor.
