– Por primera vez hay números sobre el impacto económico del crecimiento de las malezas resistentes En conjunto, el campo destina por año unos 1300 millones de dólares a combatir las malezas. Y, si la infestación llegara al 90% de la superficie sembrada con soja, se perderían 17 millones de toneladas por un valor 8000 millones de dólares al año en facturación. A su vez, se perderían ingresos fiscales en concepto de retenciones por US$ 2500 millones.
Ese cálculo fue realizado en un estudio realizado por docentes del Programa de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y la empresa Adama Argentina, filial local de Adama Agricultural Solutions. Los docentes que intervinieron son Sebastián Senesi, Hernán Palau, Luis Mogni e Iván Ordoñez.
El trabajo recuerda que en la Argentina hay 17 malezas resistentes, la mayor parte de las cuales, 15, son al herbicida glifosato. A su vez, el grupo de malezas más numerosas es el de las gramíneas.
Según el estudio, en promedio, los productores perciben un retorno económico para controlar las malezas resistentes «cuando tiene un 20 por ciento más de infestación». Eso significa que hasta ese porcentaje de daño la falta de control implica una pérdida de divisas por equivalente a 1500 millones de dólares. A su vez, la persistencia de elevados derechos de exportación sobre la soja implica un decincentivo para económico para el control. «Al elevar el costo de producción, el grado de infestación económicamente justificable aumente en un 50%», sostiene el trabajo.
Otro efecto negativo de la presión impositiva lo revela el retraso en la devolución del IVA. «Son 11 dólares por hectárea que se demoran en devolver, de los 65 dólares por hectárea que se destinan al control de malezas», estima Senesi.
«Este aumento del costo de producción eleva el punto de quiebre para obtener la rentabilidad», dijo a la nacion, aunque advirtió que es «riesgoso para el sistema agrícola en su conjunto que la única consideración para impulsar el control sea económica». Al respecto, aconsejó observar la sustentabilidad del planteo agronómico.
El crecimiento del impacto de las malezas resistentes abre interrogantes sobre el modelo de negocios que predomina en el agro argentino. «Esto va a ser como comprar un auto usado, no alcanza con verlo y saber de qué año es. Cuando se alquile un campo se va a tener que averiguar qué grado de cuidado se tuvo con las malezas», dijo Senesi. Y agregó: «Hay una nueva instancia de vital importancia en el negocio de la agricultura por contratos».
Respecto del impacto por zonas, la zona núcleo es la más afectada. Sin embargo dañan en forma más pronunciada «el margen económico de las regiones de frontera agrícola como el NEA, norte de Córdoba y el NOA», señala el trabajo. También daña al sudeste de Buenos Aires. Así, el costo por región para el tratamiento de malezas resistentes tiene, para el NEA, un costo 17% superior al promedio; para el NEA, 13%; para el sudeste bonaerense, 10%; para el norte de Córdoba, 9%, y para el sur de Córdoba y la zona núcleo, 8 por ciento.
Para los autores, el trabajo «deja bien en claro que el problema no es individual de cada productor, sino de la producción agrícola en su conjunto (las malezas resistentes no combativas se expanden) y del país en general (por la pérdida de divisas y de rentenciones».
Por su parte, el CEO de Adama Argentina, Carlos Danilowicz, destacó que el estudio «constituye un aporte para buscar soluciones a una problemática que afecta tanto a productores como a la comunidad en su conjunto».
El trabajo también propone impulsar una estrategia colectiva entre el sector público y el privado para enfrentar el problema.
Para tomar conciencia
«Las malezas resistentes exponen una lógica colectiva y de bien común, en la que el Estado tiene la responsabilidad de establecer políticas públicas activas para la prevención de la aparición de nuevas malezas resistentes. También expone al productor agropecuario a una mayor responsabilidad individual en el control de las operaciones que puedan generar diseminación de malezas resistentes a lo largo del país», señala el trabajo de Adama y Fauba.
«El hecho de contar con malezas resistentes lleva a un control mucho más profesionalizado, desechando métodos de utilización basados exclusivamente en herbicidas de amplio espectro y planteando una lógica de bien común para el control de las malezas», sostiene el estudio. Además, afirma que es necesario «protocolizar el proceso de producción, regionalizar la problemática y establecer las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
El estudio alerta que la inacción frente a las malezas tiene, entre otras, las siguientes consecuencias: «La pérdida de calidad de semillas y granos, debido a la presencia de cuerpos extraños por un mayor banco de malezas en el lote; la pérdida de valor de campos por un aumento de costos y por la incertidumbre que genera la presencia de malezas resistentes en dichos campos, y el desgaste de la maquinaria (sembradoras y cosechadoras).
