– La resolución de la AFIP que dispuso la creación del Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), con el objetivo de identificar con un chip los 51 millones de vacunos del país, desató dudas y sospechas no solo en el sector ganadero sino en otros organismos que se desayunaron del plan de Ricardo Echegaray leyendo el Boletín Oficial.
Los funcionarios más sorprendidos con esta medida, que debería regir desde enero, fueron los del Ministerio de Agricultura, a cargo de Carlos Casamiquela, y los del Senasa. El servicio veterinario viene trabajando el tema desde hace años, pero desde una visión comercial y sanitaria. Estaban realizando una experiencia piloto para adaptar los sistemas informáticos de control del tránsito de animales a las nuevas exigencias de la Unión Europea para 2019. Echegaray ni siquiera los consultó al lanzar su propio sistema de trazabilidad.
«Esto es un negocio. La AFIP quiere imponer un doble control que no mejora lo existente», se quejó Miguel Schiariti, del sector frigorífico. El titular de la Rural, Luis Miguel Etchevehere, evaluó que el Gobierno «busca cargarle una factura de US$ 500 millones a los productores», presuponiendo que cada chip de los que quiere imponer la AFIP costará US$ 10.
Como la AFIP se reservó el derecho de definir qué tecnología se usará y quiénes serán los proveedores, las sospechas son abundantes. Fuentes que saben del negocio mencionan a Eduardo Eurnekian y Cristóbal López como posibles candidatos. Un dato concreto es que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció en enero que la china Wuxi Fofia Technology preveía invertir US$ 20 millones para fabricar los chips ganaderos. Esto coincide con que quien más impulsó el proyecto fue su subsecretario de Tecnologías de Gestión, Sergio Antonio Blanco, que además viene de trabajar en la AFIP.
