– El senador nacional Juan Carlos Marino presentó un proyecto solicitando que se elimine la alícuota correspondiente a derechos de exportación para el trigo y sus derivados.
Fundamentó su pedido en la pérdida de hectáreas sembradas en la última década y en la necesidad que posee el Gobierno de contar con mayor cantidad de divisas extranjeras.
Marino informó que desde la campaña 2002/3 a la 2012/13 se sembraron 2.8 millones de hectáreas menos de trigo y aseguró que este descenso es una «clara demostración de que el exceso de reglamentación impuesta por el Gobierno a la producción y comercialización de este cereal produjo en el productor un perjuicio que lo llevó a cambiar su siembra».
«Las alícuotas de los derechos de exportación del trigo y sus derivados han sufrido constantes cambios, lo que afectó fuertemente la previsibilidad que requiere la producción de este cultivo, pero fue la intervención del mercado lo que provoco el recorte en la oferta triguera», sostuvo.
La iniciativa propuesta por Marino no sólo beneficiaría al productor de trigo y a la recuperación de industria panificadora y afines sino que, además, le permitiría al Poder Ejecutivo hacerse de una cantidad importante de divisas extranjeras para hacer frente a las deudas y a la demanda de dólares proveniente de las importaciones.
«Para poder recuperar la superficie de siembra de trigo perdida, el productor necesita previsibilidad y seguridad y, para eso, la medida a implementar debe ser directamente la eliminación del derecho de exportación. Otro tipo de disposiciones como las alícuotas diferenciales, o la devolución total o parcial de las retenciones a través de fideicomisos ya no son confiables para el productor y no le otorgan el incentivo necesario para producir», explicó.
Por otra parte, el senador resaltó que, de superar los 6 millones de hectáreas implantadas y de acuerdo a los precios actuales, la producción de trigo podría suponer para el Gobierno una oferta de divisas superior a los 4000 millones de dólares. Y, con el fin de no afectar el abastecimiento interno, el proyecto establece que el Gobierno mantiene la herramienta administrativa de los ROE verde y la posibilidad de fijar el encaje productivo a los efectos de poder decidir cuánto se consume aquí y cuanto se exporta.
