– El organismo autárquico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promueve la aplicación de sanciones que van de uno a cuatro años para quien «aprovechare económicamente» el trabajo de un «niño o niña en violación de las normas nacionales» que prohíben esa modalidad, según define la ley 26.847, según publicó Télam.
La decisión del Renatea se vincula con los recientes operativos en explotaciones agropuecuarias en los que se comprobaron casos de empleo de menores, inclusive en situación de trata.
El episodio más resonante fue el del accidente que semanas atrás provocó en Misiones la muerte de cinco trabajadores yerbateros y 18 heridos (incluidos nueve menores de edad, seis de ellos por debajo de los 16 años).
El organismo viene detectando serias violaciones de «empresarios rurales inescrupulosos» a la Ley de Trabajo Agrario (número 26.727, vigente desde comienzos de 2012, que derogó el antiguo régimen creado por la dictadura en 1980).
Los operativos de regularización detectaron la presencia de menores de edad, trabajadores sin registrar y alojados en campamentos sin agua potable y formados por lonas sostenidas con postes o ramas.
El titular del Renatea, Guillermo Martini, señaló a Télam que las fiscalizaciones se realizan «sin la colaboración de las entidades que forman la Mesa de Enlace de dirigentes agropecuarios», aunque «hemos mantenido reuniones con las cámaras sectoriales».
En el organismo señalan que la actividad de blanqueo de peones se realiza sin participación del sindicato Uatre, que hasta hace dos años se repartía con la Mesa la conducción del ex Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
«Ese gremio -afirman los funcionarios- sigue trabajando junto con la patronal. A veces llegamos con un operativo, comprobamos flagrantes violaciones de derechos y el empleador se sorprende, porque dice que ya tenía todo `arreglado` con los sindicalistas».
«Y cuando ocurren accidentes como el de Misiones, esos dirigentes se limitan a emitir comunicados diciendo que ya venía denunciando las irregularidades», agregan.
Martini responsabiliza por el elevado nivel de empleo en negro e infantil en el campo, en gran medida, a la colusión de intereses que caracterizó al Renatre, en contra de los trabajadores.
«La Uatre recibió 648 millones de pesos entre 2002 y 2011, mientras pagó prestaciones (por seguros de desempleo y de sepelio) por menos del 10% de esa suma», precisó.
El titular del Renatea cuestionó las tercerizaciones antes usuales, que incluían el pago de 128 mil pesos mensuales a una persona contratada por actividades de capacitación.
Entre los últimos contratos rescindidos, agregó Martini, figura el de la firma que se encargaba de la cobranza de los aportes patronales, que percibía como comisión el 1% de lo recaudado, más una suma de 50 mil pesos mensuales y otros porcentajes extras.
La asunción directa de las distintas responsabilidades le permitirá al Renatea tener este año ingresos cercanos a los 400 millones de pesos, aproximadamente 25% más que en 2011.
