La Salida del Pontífice – El 28 de febrero, cuando Benedicto XVI deje su cargo, se quedará sin la protección legal. Podría ser llamado a declarar en casos de abusos sexuales de menores por parte de miembros de la Iglesia. El 28 de febrero, cuando se efectivice su dimisión, Benedicto XVI se quedará sin la protección legal que lo ampara como jefe de Estado de la Santa Sede y podría ser llamado a declarar en casos de abusos sexuales de menores por parte de miembros de la Iglesia.
Desde las ocho de la noche del jueves 28, cuando será efectiva su renuncia, el Papa perderá no sólo los carismas propios del pontificado. También se quedará sin la inmunidad que lo protege como jefe de Estado de la Santa Sede. Esta circunstancia explica también porque no tiene alternativas su retiro en el Vaticano, que lo blinda de cualquier eventual pedido de extradición o de pedidos de declaración judicial en los numerosos procesos que siguen en marcha, sobre todo en Estados Unidos, por los casos de abusos sexuales de menores por parte de miembros de la Iglesia.
Joseph Ratzinger ha tenido el mérito de abrir la Caja de Pandora de aquellos «horribles delitos», como dijo un alto prelado norteamericano, y de imponer la tolerancia cero en la denuncia de los curas, monjas, religiosos y educadores católicos culpables de pedofilia en el último medio siglo. Durante 24 años, desde 1981 hasta que lo hicieron pontífice, en abril de 2005, cargó sobre sus espaldas el peso de la responsabilidad de ser el responsable mayor de las cuestiones disciplinarias en la Iglesia.
Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger era no sólo el defensor de la ortodoxia doctrinaria, sino también el «ministro» que debía seguir y castigar las violaciones de la disciplina, que incluye los abusos sexuales.
En esta tarea que realizó con su brazo derecho, el hoy cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone, el entonces cardenal alemán participó en parte de la mentalidad vigente durante mucho tiempo de poner por delante «el bien de la Iglesia», la necesidad de evitar escándalo, y no anteponer las necesidades de las víctimas.
Esta cultura negativa dominante era sostenida ante todo por el Papa Juan Pablo II, que acusaba de los escándalos a conspiradores contra la Iglesia, sobre todo a los comunistas, que se inventaban historias de abusos sexuales. Pero Ratzinger debía adaptarse a la voluntad del pontífice, que por ejemplo protegió al líder religioso de la orden de los Legionarios de Cristo, el mexicano padre Marcial Maciel, que recién cuando Benedicto XVI fue elegido pudo ser sancionado de sus muchos pecados de abusos sexuales de menores, convivencia con mujeres y al menos un par de hijos clandestinos.
El tema está otra vez en el candelero en estos días por el caso del ex arzobispo de Los Angeles, la diócesis más grande de Estados Unidos, cardenal Roger Mahony, quién el próximo jueves será interrogado en un tribunal de la ciudad californiana. Las propias víctimas le pedirán cuentas de una larga conspiración durante su gobierno, entre 1985 y 2011, para proteger a más de un centenar de curas abusadores. El tribunal dará a conocer 14 mil páginas que incluyen documentos en los que Mahoney defiende la necesidad de evitar que los culpables sean sancionados y de cómo cambiarlos continuamente de sedes, incluso en otros países, donde los pedófilos continuaban haciendo de las suyas.
El nuevo arzobispo de Los Angeles, monseñor José Gómez, del Opus Dei, adoptó medidas ejemplares, prohibiendo a Mahony cualquier actividad pública. Escandalizó a los más conservadores del Vaticano, por haber «osado» castigar públicamente a un cardenal. «Leer estos documentos es una experiencia brutal y dolorosa», dijo monseñor Gómez, de origen mexicano. Se estima que un centenar de curas de Los Angeles abusaron de más de 500 víctimas. La arquidiócesis debió pactar indemnizaciones por 660 millones de dólares.
El matutino Washington Post escribió en un editorial que «el cardenal Mahony tiene la fortuna de no estar en la cárcel».
Después que declare ante la justicia, el cardenal de 77 años viajará a Roma para participar del Cónclave que elegirá al sucesor del Papa. Algunas organizaciones católicas norteamericanas pidieron que Benedicto XVI antes de irse no le permita entrar en la Capilla Sixtina a votar y que en el Conclave la silla de Mahony «quede vacante como expresión de repudio».
En varios tribunales los legales de las víctimas pidieron que fuera juzgado el cardenal Ratzinger como responsable vaticano, o que se lo llame a declarar. El gobierno de Washington opuso en un caso la condición de jefe de Estado de Benedicto XVI, protegido por la inmunidad, que durará solo hasta el jueves 28.
