Piden la indagatoria de los hermanos Schoklender y de la hija de Bonafini – Hay más de 60 imputados por los delitos de defraudación, lavado de dinero y asociación ilícita. En un escrito de casi 200 páginas al que accedió Clarín.com, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy la declaración indagatoria de más de sesenta imputados en la causa que investiga el manejo de los fondos públicos que el Gobierno destinó para la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Como estaba previsto, el fiscal pidió que sean citados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, María Alejandra Bonafini, el financista José Fernando Caparros Gómez, el contador Alejandro Gotkin, mano derecha de Sergio y socio en varias empresas, y Viviana Sala, ex esposa de Sergio, entre otros. Los acusa de los delitos de defraudación, lavado de dinero y asociación ilícita. El escándalo fue revelado por Clarín.com el 25 de mayo de este año, hace más de siete meses. El juez Norberto Oyarbide recién convocaría a los imputados a partir de febrero, pasada la feria judicial.
Según el fiscal, durante estos seis meses de investigación se logró probar el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales hacia empresas que pertenecían a los hermanos Schoklender, a familiares o amigos suyos. «Los Sres. Pablo y Sergio Schoklender y todos aquellos a quienes se les haya acreditado un vínculo jurídico con la Fundación, deben responder por la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración fraudulenta, conforme lo reprimen los artículo 174, inciso 5º, y 173, inciso 7º, del Código Penal. Por otro lado, quienes recibieron, se beneficiaron o hicieron recircularizar tales activos, y no tienen relación laboral con la Fundación, deberá imputársele la posible comisión del delito de lavado de dinero (art. 278, 1 er. párrafo del CPPN, redacción según ley 25.246)», detalla el dictamen.
El desvío de fondos se concretó especialmente hacia dos empresas: Antártica Argentina (utilizada por Schoklender para comprar varios terrenos en José C. Paz) y la constructora Meldorek. Las pericias que hizo el Banco Central determinaron que a una cuenta corriente de Antártica en el Banco Supervielle ingresaron .103.425, la mayoría en depósito en cheques. También se estableció que entre mayo de 2010 y el mismo mes de este año se depositaron .613.124 en una cuenta de Meldorek, también en el Supervielle.
El dictamen de Di Lello hace hincapié además en las cuentas personales de los principales imputados, en los bienes que adquirieron en los últimos años, y en el entramado de sociedades anónimas utilizadas para desviar los fondos del programa Sueños Compartidos.
También se acusa a los imputados de conformar una asociación ilícita. «Se ha logrado comprobar también que los imputados formaban una organización numerosa y compleja, destinada a cometer delitos», explica el mismo dictamen.
Por último, la Fiscalía alerta sobre la supuesta existencia del delito de falsedad ideológica de documento público, previsto en el artículo 293 del Código Penal, ya que se habrían utilizado documentos públicos con datos falsos «para lograr la entrega del dinero o la materialidad de la maniobra».
En su dictamen, el fiscal Jorge Di Lello le dedica un apartado a Hebe de Bonafini. Afirma que no cometió ningún delito, pero que igualmente «debe responder» ante la Justicia civil, donde hay varios pedidos de quiebra de proveedores que reclaman deudas millonarias, porque hizo ingresar a los hermanos Schoklender a la Fundación.
Luego de describir todas las maniobras financieras en perjuicio de la Fundación, el dictamen destaca que «hay un gran número de conductas ilícitas que se están ventilando en esta causa y que si bien se pueden tener provisoriamente individualizadas, aún resta acumular material probatorio que de sustento a una imputación». Y menciona dos casos concretos. La compra por parte de la Fundación de dos inmuebles en la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco. Esa operación se concretó el 26 de octubre de 2010, pero quince días más tarde la Fundación, representada por Pablo Schoklender, firmó un boleto a favor de Meldorek SA (propiedad en un 90% de Sergio Schoklender).
El otro caso se deriva de un ROS (reporte de operación sospechosa) del Banco Supervielle respecto de una cuenta corriente de la escuela Jean Piaget SA, donde desembarcó el entorno de Sergio Schoklender a través de la sociedad Construcciones Calificadas y donde asistía su hijo. Entre noviembre 2010 y junio 2011 se depositaron 9.709. «La operación no refleja correspondencia en los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realizara la entidad anteriormente, ni con sus antecedentes y la actividad económica de ellos», advierte el dictamen.
Y agrega: «Del análisis efectuado por el Banco se concluye que las transferencias recibidas en la cuenta de los clientes corresponderían a lo cobrado de las cuotas de los alumnos del Instituto y de la Escuela, lo que nos llevaría a presumir, entre otros elementos, que esta organización delictiva habría adquirido dicha institución académica, lo que hasta este punto se encuentra en miras de corroboración».
