Procesaron al jefe comunal de María Juana por irregularidades – Municipios y Comunas ratificó sospechas en un informe sobre manejos contables. La oposición inició una investigación por las obras de cloacas. La Justicia provincial procesó al presidente comunal de esta localidad, Eduardo Abdo, por la posible comisión de delito de mal desempeño de funcionario. Además se investiga la posible malversación de fondos públicos. La medida, que se adoptó hace algunas semanas, tomó estado público ayer, cuando la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia extendió un dictamen en el cual revela la existencia de irregularidades en la administración comunal. El documento ratifica las sospechas que desde hace tiempo investigan los integrantes de la oposición y que llegaron incluso a conformar un expediente judicial, por el cual se imputó al funcionario y se analiza la responsabilidad de varios de sus colaboradores.
Las anomalías que señala el informe de Municipios y Comunas surgen a partir del análisis de los manejos administrativos y contables en torno a la proyección y ejecución de la obra de cloacas en la planta urbana de esta población -de unos cinco mil habitantes-, que comenzó a ejecutarse a mediados de julio de 2010.
Según el informe, la ordenanza comunal que declara de interés público la construcción de la primera etapa de los desagües cloacales, con un presupuesto establecido en 4.866.466 pesos, no fue consultada a los beneficiarios como obligatoriamente correspondía. Si bien hubo un llamado a los vecinos para que expresen su disconformidad en el libro de oposición, no se aportaron en la normativa los elementos esenciales para que los vecinos evalúen la jerarquía y los costos de la obra.
«Todo tipo de obra a realizar mediante la contribución de mejoras debe consultarse a los beneficiarios obligatoriamente», explica el escrito de la repartición provincial y precisa que «la ordenanza que declara de interés la obra pública debe establecer qué zona estará comprendida por la obra, qué tiempo tiene la gente para expresar su disconformidad, precisar quiénes podrán oponerse, cuál será el costo para cada uno de los contribuyentes y con qué tipo de financiación contarán».
«Esta situación no se dio en este caso, sino que se resolvió por ordenanza», acusa el escrito de Municipios y Comunas, rubricado por la directora general Ethel Mustafá y la coordinadora Ana María Gallo. Por otra parte, se efectuó la compra directa de un terreno, en el que se construirán las lagunas de decantación, en contraposición a la legislación que prevé el sistema de licitación pública para este tipo de adquisición, teniendo en cuenta los valores de la operación realizada. Se pagaron 36 mil dólares por dos hectáreas.
También se adjudicó mediante una ordenanza comunal emitida el 27 de enero último la prestación del servicio público de desagües cloacales a la Cooperativa Telefónica, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de María Juana por un plazo de 20 años. Esta medida fue observada porque se aprobó con el pronunciamiento de tres votos favorables de los cuatro miembros presentes en la reunión en la que se trató el tema, cuando la ley exige los dos tercios de los miembros de la comisión comunal y no de los miembros presentes. Y a esto se suma la ausencia de intervención de parte del organismo sanitario provincial específico y la Secretaría de Medio Ambiente.
En el juzgado. Todas esas inquietudes fueron llevadas ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción y Correccional de San Jorge, en el que se sustancia una causa contra Abdo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe comunal fue citado a prestar declaración indagatoria y se negó a declarar sobre el asunto. Una actitud que fue mal interpretada por sus vecinos que pretenden una administración comunal transparente.
Posteriormente, desde el juzgado se notificó al presidente comunal sobre una resolución que le otorga la libertad bajo promesa jurada y lo impone sobre la necesidad de cumplimentar con diversas obligaciones legales de rigor, entre otras, la prohibición de salir del país hasta tanto la Justicia se expida sobre los delitos que se le imputan.
Fuente: Info Sastre
