Protestas y quejas contra Evo por el aumento de la nafta en Bolivia – Morales, con margen para hacer frente a las críticas. «Hoy están a cinco, mañana ya estarán a siete bolivianos». La vendedora de cebollas del populoso Mercado Rodríguez de La Paz intentaba convencer a los últimos clientes del día, en una tarde gris y fría por el comienzo de la época de lluvias. «Todavía tenemos stock, pero cuando se acabe comenzarán a notarse los aumentos , hoy vino gente alborotada por el gasolinazo», dice una vendedora de papas con un plato de sopa entre las manos. Y la calma que se respira tiene más que ver con el paro de transportes, que dio a la ciudad un aire dominguero, más que con una verdadera tranquilidad.
Un paro de transporte, además, le dio otro color a la ciudad. Una huelga que amenaza con extenderse por tiempo indeterminado.
El «gasolinazo» decretado el domingo por el gobierno de Evo Morales eliminó los subsidios y elevó los precios de los combustibles hasta el 83%, generando malestar, amenazas de protestas y –sobre todo– una fuerte incertidumbre sobre la subida de los precios. Con todo, después de una salida masiva a los supermercados y a los surtidores, ayer no se vieron grandes flujos en los comercios. Al promediar la jornada, varias vendedoras de algunos mercados del interior suspendieron la venta de sus productos a la espera de un reajuste general de precios.
Y la mayoría de los observadores coincidían en que Evo tiene espalda para sostener la primera medida de su gestión que afecta los bolsillos de la población. El gobierno justificó el decreto en que los subsidios a los combustibles alientan el contrabando hacia los países vecinos, con precios sensiblemente más altos, y así, los 400 millones de dólares anuales terminaban beneficiando a los contrabandistas. Además, al mantener el valor del barril de petróleo internamente en 27 dólares, se desincentiva la producción de naftas y hay que aumentar la importación a precios internacionales.
Pero, aunque todos sabían que la medida era inevitable , la forma remitió a los ajustes de los 90 y llovieron los calificativos de «neoliberal», incluso desde sectores de la derecha. «No hay diferencias con lo que se hizo con Gonzalo Sánchez de Lozada», lanzó el político y empresario opositor Samuel Doria Medina. Incluso sectores pro gobierno comienzan a hablar de «infiltrados neoliberales».
«Los que diseñaron el gasolinazo, sinónimo de FMI, son núcleos del pasado infiltrados en el gobierno», se quejó José Enrique Pinelo, hasta hace pocos días embajador de Bolivia ante la OEA. Hasta el conservador Comité Cívico de Santa Cruz habló de una medida «insensible y neoliberal».
Morales justificó ayer el ajuste porque era «una sangría para la economía». «La nivelación del precio de los hidrocarburos es justamente para que no haya una sangría de la economía nacional: al margen de la subvención (a los precios internos) hay un contrabando (a países vecinos, por el) que cada año se van 150 millones al exterior», señaló en un acto público de entrega de recursos a municipios del área rural.
La debilitada Central Obrera Boliviana –hasta ahora aliada del gobierno– rechazó la medida como un «decreto maldito» y amenazó con un testimonial paro indefinido. «Los más golpeados serán los sectores populares. El sinceramiento no tiene que ver sólo con el contrabando, el problema es que no se produce, no hay inversión en hidrocarburos», analizó el economista Carlos Toranzo.
Un chofer de minibús (colectivo) llevaba en la mano una factura para justificar el aumento del boleto antes de que el gobierno lo convalide. A quienes se quejaban, le mostraba que había pagado más de 100 pesos argentinos la carga de nafta. Dado que nadie cree poder revertir el decreto, cada sector buscaba trasladar los costos a sus productos, especialmente los transportistas y los panificadores.
«En algún momento era necesario alinearse con el mercado, pero no había urgencias fiscales para hacerlo tan bruscamente, lo cual tendrá un fuerte efecto en transporte y alimentos», le dijo a Clarín el economista Alberto Bonadona. E interpretó que se trata de una medida política contra la agroindustria de Santa Cruz, la llamada «oligarquía cruceña», sin estar acompañada de políticas de desarrollo productivo.
El aumento de salarios decretado por el gobierno sólo beneficiará a los trabajadores en blanco, una parte minoritaria de los asalariados. «Lo peor es que el presidente no haya dado la cara», dice don Rafael, en una larga fila a la espera del minibús para viajar a la vecina ciudad de El Alto.
Fuente: Clarín.com
