Incendio y tragedia en una cárcel de Chile: murieron 81 presos – Las autoridades dicen que el fuego fue intencional. El establecimiento tiene capacidad para albergar a 900 personas, pero había 1.900. Críticas de los familiares.
La espesa nube negra emergió cerca de las 5.30 de la madrugada en la zona sur de Santiago, desde las torres de hormigón de la Cárcel de San Miguel. Un viejo, oscuro y maloliente recinto donde cumplen condena 1.900 hombres y que los habitantes del sector –allí donde se anida la pobreza– evitan hasta con la mirada. Entre los gritos desgarradores de los presos y las llamas que devoraban todo a su paso, un interno tomó su celular clandestino y llamó a los bomberos. Los gendarmes demoraron en abrir las rejas. En minutos el fuego arrasó con el cuarto piso de la torre 5 del penal.
Hubo 81 muertos y al menos 14 heridos , algunos de ellos en grave estado.
«Nosotros gritábamos y los gendarmes no nos hicieron caso, tocábamos el cemento del techo y las paredes y ardían, y el olor, el olor … gritábamos desesperados … el olor insoportable … se estaban quemando, se estaban calcinando … el olor … los dejaron morir», relató más tarde uno de los presos que sobrevivió a Chilevisión .
Sólo 5 gendarmes había para 1.900 reos. Sólo 5 presos escaparon del infierno de la zona sur. Catorce luchan contra la muerte. Otros 81 reos murieron.
La mayoría calcinados . Una de las peores tragedias de las 84 cárceles de Chile, que todos los informes de la Corte Suprema señalan como un infierno bajo rejas.
Donde los reos viven encerrados 16 horas al día, sin rehabilitación, con un baño por cada 100 personas, durmiendo en el suelo o sobre colchones mojados.
La capacidad máxima de San Miguel era de 900 reos. Y la habitaban 1.900.
Ya en octubre, una jueza había advertido de las pésimas condiciones de seguridad y de la superpoblación del penal, en particular de la Torre 5.
A las 7 de la mañana una multitud se agolpa frente al penal exigiendo a gritos información. La policía antimotines irrumpe. Se respira la ira. Y al correr de los minutos, se desata. Botellas, piedras y múltiples objetos son arrojados por los familiares, en su mayoría mujeres, a policías, gendarmes y también autoridades.
La conmoción se multiplica. Todos quieren saber de su preso. Sería un regalo si estuviera entre los heridos que las ambulancias a media mañana trasladan a distintos hospitales. Y desde las pequeñas y ennegrecidas ventanas enrejadas de las torres que no ardieron salen trapos de los miles que siguen atrapados.
Se escucha un lamento visceral. Es la hermana de Bastián Arriagada. El joven de 22 años ingresó a esa cárcel el 11 de noviembre condenado a 61 días. Su delito: violar la Ley de Propiedad Intelectual. Bastián ni su familia imaginaron que por vender en la calle música y películas falsificadas acabaría calcinado.
«Mamá te quiero mucho» , le dijo José González (22 años) a su madre en la carta en que le dijo que estaba preso. Fue detenido por microtráfico. Hoy ella se preparaba para abrazarlo. Pero tuvo que adelantar su viaje. Para rescatar su cadáver. La mayoría de los fallecidos eran primerizos y jóvenes entre 20 y 35 años, presos por robo o microtráfico, casi todos provienen de las poblaciones más pobres.
A las 16 horas las escenas de dolor continúan. La ira también. Sebastián Piñera anuncia ante la prensa medidas de urgencia para cambiar el sistema penitenciario: «una vergüenza nacional». Sus ministros se despliegan. Y los reportes de los presos que sobrevivieron, desde los celulares clandestinos aún no incautados por gendarmes, dan cuenta de la negligencia de la que fueron víctimas. De una evacuación lenta y a golpes y que comenzó por el primer piso siendo que el fuego estaba en los pisos superiores. Allí desde donde emergían los gritos de horror y el olor a carne quemada.
Y anuncian una huelga nacional
Al atardecer, el fiscal Alejandro Peña anuncia una investigación acelerada y transparente para establecer los hechos que provocaron las muertes. Afirma que el incendio fue intencional. Y que se originó en una riña.
De los 5 sobrevivientes, cuatro ya han declarado. Y se les protege. ¿De quién? El fiscal no lo dice. Las familias de los fallecidos siguen en un estremecedor desfile reconociendo fotografías mientras la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, «muy conmocionada» afirma que esto es producto de una sociedad que pide a gritos que cualquiera entre a la cárcel.
En el interior del penal, el olor a carne quemada impregna el espacio donde se han juntado los restos de los presos calcinados. Ya anochece y cientos no quieren abandonar el frontis. Entre rejas, miles de presos más hacinados que ayer buscan un rincón para ahuyentar el olor y la angustia.
Fuente: Clarín.com
