Zapatero, muy duro, quebró el paro de los controladores aéreos – Los huelguistas, amenazados por delitos de sedición y penas de prisión, resolvieron volver a sus puestos.
Finalizó ayer por la tarde, la huelga salvaje de los controladores que se prolongó 24 horas y produjo un extraordinario caos y el cierre del espacio aéreo en España. Una enérgica acción del gobierno socialista consiguió romper la medida ilegal del personal del aeropuerto que incluyó la amenaza de acciones bajo el código militar y cárcel.
Los controles fueron puestos bajo mando militar y a los controladores se los ha declarado «movilizados», es decir bajo órdenes. Más de 300.000 pasajeros quedaron directamente afectados e indirectamente se calcula que los perjudicados llegan hasta las 600.000 personas .
De los 6.300 vuelos programados para el viernes y ayer la inmensa mayoría fueron cancelados. El Ejecutivo español anunció que «poco a poco» los aeropuertos van recuperando su actividad» pero que pasarán 48 horas hasta que se retorne a una «normalidad completa. «Ello es debido a los ajustes técnicos que hay que hacer en los planes de vuelo y la coordinación que hay que rehacer con Europa» El gobierno español decretó, por primera vez en la democracia, el «estado de alarma», militarizo a los controladores aéreos, los amenazó con despidos inmediatos y procesos penales con graves sentencias carcelarias. Estos especialistas gana n unos US$ 264.000 anuales (poco más de US$ 20.000 por mes) después de los recortes impuestos por el ajuste de la economía. El «estado de alarma» esta previsto en la Constitución y en una ley de 1981 para hacer frente a situaciones como «accidentes de gran magnitud», «crisis sanitarias», «paralización de servicios públicos esenciales» o «situaciones de desabastecimiento».
El viernes por la tarde, los controladores abandonaron en masa sus tareas alegando problemas de salud y ser «incapaces de prestar el servicio». El Consejo de Ministros acababa de aprobar una ley que establecía las horas de trabajo anuales lo que impedía a los controladores ingresar cuantiosas sumas por horas extras. «La normalidad ya comienza a recuperarse. En este momento el espacio aéreo está totalmente abierto», informó el ministro de Fomento, José Blanco.
El vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó que el 90% de los controladores trabajaba pero advirtió que «habrá consecuencias» .
«Se les abrirán expedientes a los que abandonaron el trabajo el viernes. El gobierno no va a permitir que se vuelva a producir en los aeropuertos una situación semejante’’, añadió. «No va a haber problemas en los aeropuertos, ni en Navidades ni después de las Navidades. Tenemos mecanismos legales para impedir que vuelva a pasar y lo hemos demostrado.’’.
Pérez Rubalcaba, quien también es ministro del Interior, señaló que el estado de alarma durara 15 días pero que si es necesario puede ser prolongado por el Parlamento.
Los fiscales en varias comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña, iniciaron acciones penales por delito en el tráfico aéreo en su variante de sedición, que está castigado con penas de cárcel.
El gobierno respondió con toda dureza a tono de la enorme indignación que la paralización de los vuelos provocó primero entre las decenas de miles de pasajeros afectados en medio además de un puente de días libres. Pero también conteste con una opinión pública que reclamó «medidas ejemplares contra una elite de privilegiados que es la mejor pagada de Europa», como dijo un grupo de pasajeros que presentaron una demanda contra los controladores por daños y perjuicios.
«Este es un suceso de enorme gravedad que ha tenido consecuencias muy dañinas para los pasajeros, los intereses de las compañías, los hoteleros y la imagen de nuestro país», señaló Rubalcaba. Anunció que se perseguirá judicialmente a los responsables.
Las agencias de viajes informaron que el sector turístico, clave para la economía española, dejara de ingresar 250 millones de euros, 330 millones de dólares.
Habrá que sumar los costes a las compañías aéreas y a otros.
El único incidente que se produjo, de acuerdo a una denuncia de los controladores en las Islas Baleares, es que «la Guardia Civil ha obligado a algunos compañeros a punta de pistola».
Los agentes llegaron a la mañana a las salas de control del aeropuerto de Son San Juan donde los técnicos no estaban en sus puestos sino en una sala de descanso. Allí entraron los guardias civiles y, según los controladores, los acompañaron hasta sus puestos de trabajo, «a punta de pistola». La situación se normalizo rápidamente y los controladores anunciaron que trabajaran con «absoluta normalidad».
Fuente: Clarín.com
