Moyano, más comprometido en el caso de los remedios truchos – El jueves anterior, Oyarbide había allanado la droguería que provee los remedios al Sindicato.
La Obra Social del Sindicato de Choferes de Camiones (OSCHOCA) está en la mira de la Justicia por la presunta utilización de medicamentos falsos, que se habrían distribuido entre sus propios afiliados enfermos, para cobrar a cambio millonarios reintegros del ministerio de Salud por los tratamientos de alta complejidad.
El juez federal Claudio Bonadío ya recibió las pericias sobre esos troqueles. Esos análisis demostrarían que son «apócrifos», lo que vincularía al camionero con la causa sobre la mafia de los medicamentos por la cual está preso el sindicalista de los bancarios Juan José Zanola.
Bonadio investiga si la obra social de los choferes cometió fraude al recibir reintegros para tratamientos complejos oncológicos y contra el HIV. Los reintegros son entregados por la Administración de Programas Especiales del ministerio (APE).
La pericia sobre los troqueles es un estudio scopométrico realizado por el Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos (INAME), con la colaboración de la Gendarmería Nacional. Se habría determinado que son «troqueles apócrifos» los correspondientes a un medicamento, ERBITUX, para enfermos oncológicos con cáncer de colon, en sus variantes de 50 y 100 mililitros. En cambio, los de 20 mililitros que se peritaron son auténticos, según confirmaron los voceros consultados.
La causa fue iniciada por el dirigente sindical Juan «Pata» Medina. A principios de noviembre, el líder de camioneros Hugo Moyano había sufrido otro revés cuando la Cámara Federal confirmó la validez de otra pericia encomendada por Bonadío.
No es la única mala noticia para Moyano: el jueves pasado en otro expediente otro juez federal, Norberto Oyarbide, allanó la principal proveedora de medicamentos a los camioneros, Droguería Urbana, en Moreno al 3000. También fueron allanados dos puntos de interés para la causa en el barrio porteño de Balvanera y otros tres en el partido de Avellaneda.
Los investigadores enviados por el juez Oyarbide fueron a buscar documentación y, de haberlos, remedios adulterados que serían inmediatamente secuestrados. No se secuestraron medicamentos ni expedientes de la APE, según se informó después, pero sí listados con los proveedores de la droguería.
Droguería Urbana es propiedad de Marcos Daniel Hendler, quien figuró como aportante de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Se investiga si Hendler compró entre 2007 y 2008 remedios a droguerías vinculadas a Sebastián Forza (víctima del triple crimen de General Rodríguez) y a Néstor Lorenzo, preso y procesado junto a Zanola por la «mafia de los medicamentos».
Precisamente, Hendler fue convocado por el juez a prestar declaración indagatoria el 23 de noviembre próximo.
Fuente: Clarín.com
