Las fuerzas bajo la lupa – Hay diez implicados en el caso. En El Trébol tambiéns e hicieron allanamientos con resultados positivos.
Por Luis Emilio Blanco / La Capital San Jorge.— Diez personas, entre ellas tres policías, fueron procesados por el encubrimiento del accionar de una banda dedicada a robar vehículos en la provincia de Buenos Aires que luego vendía en el interior santafesino. La investigación del caso llevó casi dos años y permitió el secuestro de unos 60 vehículos entre autos, camionetas, utilitarios y camiones que fueron devueltos a sus legítimos dueños, entregados a la fuerza policial bonaerense como depositaria judicial o permanecen en las comisarías.
La resolución, firmada por el juez penal de San Jorge, Eladio García, es parte de un expediente que ya tiene unas mil fojas y fue iniciado en octubre de 2008 tras una pesquisa que se realizó en la zona centro oeste provincial, a raíz del exhorto de un juzgado de Capital Federal.
Hubo allanamientos en Sastre, María Juana, Los Cardos, Las Rosas, San Martín de las Escobas, Carlos Pellegrini, San Jorge, Piamonte y el El Trébol.
Aquella demanda inicial de la Justicia porteña tendía a buscar un VW Gol que había sido robado y que fue encontrado en poder de Antonio Ramón Ramírez, un policía que trabajaba en el destacamento San Jorge de la Guardia Rural «Los Pumas». Luego se secuestró otro auto similar y autopartes en un desarmadero de Las Rosas.
Policía vendedor. Cuando se profundizó la pesquisa y se determinó la existencia de más vehículos robados en Buenos Aires pero que transitaban el centro oeste santafesino, el juez ordenó detener al policía retirado Hugo Walter Saire (sindicado como principal vendedor de los vehículos) y que cuando estaba en actividad trabajó durante muchos años en San Jorge.
Con el avance de la causa también terminaron presos Antonio Luna, un mecánico chapista de 55 años residente en Capital Federal, quien proveía los autos y sus colaboradores, Juan Angel Racone y Aurelio Espinosa, quienes también cumplían la función de vender autos en la zona. Más tarde fue el turno de José Luis Vélez, quien oficiaba de datero de la policía y frecuentaba diariamente las reparticiones de la fuerza en la región. Este hombre fue acusado de encubrimiento agravado y le sindican el rol de conseguir los potenciales compradores.
Quienes adquirieron los automotores y también fueron procesados hasta que se demuestre que lo hicieron de buena fe, son Luis María Lencina, Mario Madera y Matías Saire, aunque no se les pudo comprobar participación en los negocios de la banda.
Voceros judiciales dijeron que la totalidad de los imputados ya recuperaron la libertad y que los policías involucrados se encuentran en estado de disponibilidad, privados del uso de arma y credencial y a la espera de la resolución judicial y del sumario administrativo de la fuerza.
Además del VW Gol que se le secuestró a Ramírez, con el paso del tiempo y a través de escuchas telefónicas, la investigación permitió secuestrar otros ocho autos que se sospechaba habían sido negociados por la banda en distintas poblaciones santafesinas. No obstante, muchos de los que adquirieron esos vehículos sabiendo de su situación irregular comenzaron a sentirse perseguidos y actuaron de manera sospechosa. Así, en Carlos Pellegrini, sobre la banquina de la ruta 66, fue encontrado un Fiat Regatta que también había sido sustraído en Buenos Aires.
Algo casi ingenuo. Lo llamativo del caso es que algunos de los vehículos recuperados (aunque tenían pedido de secuestro originados en Capital Federal y provincia de Buenos Aires) mantenían la patente original y no se les habían adulterado los números de identificación. Incluso, los propietarios tenían la cédula verde original, lo que hace presumir que al momento del robo del rodado la documentación estaba en el habitáculo del vehículo. Sin embargo, en otros operativos se incautaron unidades mellizas o con números adulterados.
Un camión Mercedes Benz 1624 está a disposición de la Justicia que ordenó la identificación a través de revenido químico sobre la actual numeración.
Se intenta dar con el auténtico propietario del camión ya que la patente, números de motor y chasis pertenecen a un camión similar asentado en Cinco Saltos, Río Negro. Esta unidad había sido transferida con documentación apócrifa con lo cual se hubiera «blanqueado» la identidad del camión robado, en favor de un propietario ilegítimo de El Trébol.
El negocio. Según se pudo establecer, la forma de operar de la banda consistía en traer vehículos robados en Buenos Aires y venderlos en poblaciones del interior provincial, donde tradicionalmente no son habituales los controles sobre la documentación de los vehículos.
Aprovechaban además los lazos de confianza que se tienden entre vecinos de poblaciones pequeñas para hacer las operaciones de compra-venta, lo que también implicaba una supuesta garantía de impunidad por la intervención de personal policial en el mercadeo.
«Ramírez vivía en San Jorge. Trabajó allí, en Sunchales y en Frontera y se movía con el uniforme. Quién iba a pararlo para realizar alguna inspección sobre su vehículo», se preguntó risueño un informante policial.
La Justicia no pudo establecer la existencia de una asociación ilícita, ya que la jurisprudencia determina que para concretar esa figura penal debe establecerse la existencia de diferentes tipos de delitos. En este caso todos se dedicaban a la venta de vehículos robados.
Dos años de pesquisas
La pesquisa realizada por Investigaciones de la Unidad Regional XVIII a cargo del comisario principal Sergio Gorosito y el secretario judicial Eduardo Bernacchia «filtró» durante los dos años que duró la instrucción las patentes de unos 250 vehículos de las distintas jurisdicciones que componen el distrito judicial Nº 11, cruzaron datos de cientos de horas de observaciones judiciales sobre gran cantidad de líneas telefónicas.
Con esa herramienta se establecieron los lazos entre los participantes de la banda y además permitieron detener en Buenos Aires al principal proveedor, el mecánico Luna.
En los operativos se secuestraron unos 60 vehículos, en su mayoría autos y utilitarios, aunque también se incautaron cuatro camiones con un costo promedio de 300 mil pesos cada uno.
Se montaron operativos sorpresa y allanamientos durante los dos años que duró la causa, en la vía pública, en comercios de compra venta de vehículos usados, de autopartes, talleres mecánicos y desarmaderos.
Ninguno de los imputados apeló las medidas procesales establecidas en la causa, que actualmente se encuentra en manos del fiscal subrogante Pedro Leyes, quien trabaja en el requerimiento de elevación a juicio.
