El proyecto le da al Gobierno 150 días para que reincorpore al personal desplazado desde el 2006.

Avance opositor en el Senado para la normalización del INDEC – Ese año, el organismo quedó en manos del secretario de Comercio y sus mediciones perdieron credibilidad. La oposición impuso su dictamen para la reforma del INDEC en el Senado y redobló su ofensiva contra el Gobierno. El proyecto opositor obtuvo los 8 votos necesarios en la comisión de Población y dispone un plazo de 150 días para normalizar al instituto oficial de estadísticas.

Para ello fue decisivo el respaldo de Adriana Bortolozzi, esposa del vicegobernador de Formosa, Floro Bogado, que hace dos meses inició un proceso de diferenciación del kirchnerismo que la convirtió en una suerte de líbero.

El dictamen para normalizar el INDEC coronó una ofensiva opositora que incluyó la media sanción en Diputados de la reforma del Consejo de la Magistratura en la madrugada de ayer, y el avance en ambas cámaras del 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas.

Le costó hacer pie en el Congreso al arco anti K. Recién a cuatro meses del inicio de las sesiones el kirchenrismo da muestras de estar preocupado por haber perdido la iniciativa. En este contexto, la movida de ayer tomó por sorpresa al oficialismo, en especial a la presidenta de la comisión, Ana Rosa del Valle Iturrez (responde al gobernador de Santiago del Estero, el radical K Gerardo Zamora) que intentó dilatar el trámite.

Desde que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició su ofensiva contra el INDEC hace ya más de tres años, sectores políticos, económicos y profesionales advirtieron sobre la manipulación de los índices, sobre todo los de precios al consumidor. Otro asunto que agravó el conflicto fue el desplazamiento de personal técnico y el amedrentamiento a los trabajadores.

A propósito del dictamen, el jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, dijo que «es importante contar con estadísticas creíbles».

El despacho fue firmado por Bortolozzi y Morales, además de Alfredo Martínez y Blanca Monllau (UCR), Chiche Duhalde, Liliana Negre de Alonso y Graciela Di Perna (PJ disidente) y María Eugenia Estensoro (CC).

Además del emplazamiento al Gobierno para que en 5 meses normalice el organismo encargado de medir las estadísticas y elaborar los censos, el proyecto crea dos instituciones de control (una Bicameral legislativa y un consejo federal para articular datos entre las provincias), implementa una novedosa forma de designar al director y al vice (deben pasar por concursos y el acuerdo del Senado), y devuelve a los trabajadores la situación laboral que tenían al 31 de diciembre de 2006.

Acerca del personal, el artículo 14 establece que volverán a sus tareas «manteniendo sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes al 31 de diciembre de 2006, en la medida en que hubiesen sido obtenidos mediante concurso».

En el texto se establece que la Sociedad Argentina de Estadísticas; el Consejo Federal de Estadística y Censos, y el Consejo Interuniversitario Nacional, serán jurado del concurso vinculante del que surgirá una terna para que el Ejecutivo seleccione a las principales autoridades. Con el consejo federal, los bloques opositores estiman que se ayudará a prevenir abusos.

En tanto que la bicameral de seguimiento del Sistema Estadístico Nacional se integrará con cinco senadores y cinco diputados. Esa comisión convocará a una audiencia pública al año, «para convertir las estadísticas en un proceso democrático y transparente», según explicó Estenssoro.

Al finalizar la reunión de comisión, Morales pidió «un pronto tratamiento» del proyecto. La próxima sesión será el 14 y está reservada para debatir el matrimonio gay. Ese día, el arco anti K pedirá preferencia para el INDEC, que se votaría tras el receso invernal, el 4 de agosto. Trascendió que la oposición intenta sumar a los dos fueguinos aliados del Gobierno para asegurarse la mayoría.