Lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, luego de la reunión con Cristina.

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Botnia: el Gobierno denuncia penalmente a los que cortan la ruta en Gualeguaychú – La presentación es por diferentes delitos como amenazas, entorpecimiento del transporte, homicidio culposo y daños de bien público. Aseguró que no van a reprimir. En el 2007, Néstor y Cristina Kirchner había declarado que la protesta contra la pastera era «una causa nacional». El Gobierno decidió patear la pelota para más adelante y evitó confrontar con los vecinos de Gualeguaychú que cortan el puente internacional que comunica con Uruguay. Tras la reunión con Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete dijo que presentaron una denuncia penal por diferentes delitos cometidos por los asambleístas.

Lo significativo de esta medida es el cambio de posición política asumido por el Gobierno. En el 2007, Néstor y Cristina Kirchner había declarado que la protesta contra la pastera era «una causa nacional».

En una conferencia de prensa sin preguntas en Casa de Gobierno, argumentó que «los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la justicia» y sostuvo que «hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial».

«Las decisiones son globales y de imposible cumplimiento. En lugar de notificar a quienes no se van a notificar y de poner las fuerzas de seguridad a presionar para habilitar el puente -no queremos reprimir- vamos a presentarnos como querellantes en la causa como política oficial del gobierno», dijo el ministro.

Agregó que «se ha presentado denuncia penal contra aquellos que entorpecen el funcionamiento de los transportes, por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo», entre otros, dijo el ministro.

Clarín pudo saber que el procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha viajó a Gualeguaychú para presentar una denuncia penal en el juzgado federal que lleva adelante la causa. Esta mañana participó de la reunión en Olivos junto a Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y el ministro de Justicia, Julio Alak.

Decidido a no reprimir, el Gobierno ensaya otras salidas para sortear un nuevo capítulo del conflicto por el corte en Arroyo Verde. Da Rocha dejó Olivos para cumplir el trámite ante el juez federal subrogante, Gustavo Pimentel, quien ayer ordenó levantar la protesta.

Los vecinos de Gualeguaychú expresaron su bronca contra la decisión del Gobierno y dijeron que continuarán con el corte. Muchos de ellos esperaron durante todo el día la llegada de la Gendarmería para cumplir la orden judicial, algo que finalmente no ocurrió. Desde temprano, se convocaron a través de mensajes de texto. La idea sigue siendo la de resistir pacíficamente la llegada de las fuerzas de seguridad.

Esta mañana Alak había dicho que «los ciudadanos de Gualeguaychú deben cumplir la orden judicial y el Gobierno la va a hacer cumplir, a través de la Gendarmería». Pero luego participó del encuentro en Olivos y la situación cambió.

En la conferencia de esta noche, Aníbal Fernández explicó que el Gobierno presentó «la denuncia penal con nombres y apellidos». «Hemos presentado además una denuncia civil sobre los responsables, porque existe responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas», dijo.

El jefe de Gabinete enfatizó que «continuaremos aportando pruebas ante la Justicia» y agregó que «el tema debe ser resuelto a la brevedad». «En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente», concluyó Fernández.

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